SALTA.- El juicio, finalmente, llegó a su fin con una sentencia condenatoria. Kila Gonza, ex intendente de San Lorenzo recibió una pena de tres años de prisión condicional por el delito de fraude a la administración pública, en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios, todos en concurso real.
Sergio Armando, el empresario que fue juzgado al ex jefe comunal, también fue condenado. En este caso, se le impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y partícipe necesario de peculado de trabajos y servicios, todos en concurso real.
El veredicto, dictado por la Sala I del Tribunal de Juicio, fue el último acto procesal de un extenso juicio que demandó más de un mes de audiencias, en las que se vio pasar a numerosos testigos, entre ellos peritos contables, otros funcionarios de la municipalidad y vecinos de la villa veraniega por excelencia de los salteños.
Bajo la dirección del juez Ángel Longarte, el debate se reanudó pasada las 15 para dar lugar a las réplicas y dúplicas, entre la fiscalía y las defensas de Gonza y Armando, quienes habían pedido la absolución lisa y llana de sus clientes, o bien, por el beneficio de la duda.
Solo el abogado Marcelo Arancibia, defensor de Gonza, acertó con la calificación que fue impuesta por los jueces Longarte, Javier Aranivar y Gabriela González, al momento de dar a conocer el veredicto, el cual no terminó con el dictado de las penas ya aludidas.
Es que, además, el tribunal resolvió inhabilitar de manera perpetua a Gonza para el ejercicio de cargos públicos, siendo esta la mayor preocupación que recayó sobre el ex intendente, quien no estaba muy seguro de su suerte, pues existían fuertes rumores de que las penas podrían ser de modalidad efectiva, por lo que el exfuncionario municipal podía salir del recinto esposado y derecho a la cárcel.
Con este fallo, a Gonza se le volvió el alma al cuerpo al escuchar que la pena era de carácter condicional, o sea que podrá seguir su vida en libertad, la alegría no le duró mucho, pues ahí nomás, se le informó que ya no podrá vivir a costa del Estado y, por ende, deberá buscarse un trabajo, ya que no podrá ser nuevamente candidato.
Si bien es cierto que una apelación podría abrirle una ventana para ser otra vez funcionario estatal, lo cierto es que esa posibilidad es muy remota, pues en este momento, y con semejante condena encima, Gonza sería peso muerto para cualquier partido o frente electora que tenga aspiraciones para el 2023.
Reglas de conducta
Además, Gonza estará un poco ocupado, pues el tribunal le dio tarea por los tres años que dure la condena, tiempo en el que deberá: fijar domicilio y comunicar cualquier cambio; someterse al control del Programa de Reinserción de Presos y Liberados; no cometer nuevo delito; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral o profesional; adoptar oficio, arte o profesión adecuado a su capacidad.
En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena, que sería efectiva. Por otra parte, los jueces ordenaron que se remita al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de delitos en lo que habrían incurrido otros ex funcionarios, tanto del gobierno provincial como del municipio.
En tal sentido, cabe recordar que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, al alegar y pedir la condena de Gonza, consideró que para que estos delitos se produzcan hubo connivencia del gobierno provincial, por ello pidió que se inicie una investigación contra el exsecretario de Asuntos Municipales de la provincia, Marcelo Cil, por haber emitido certificación de obra terminada cuando no tiene un título que lo avale para hacerlo ya que es administrador de empresas.
El contexto de estos delitos –según sostuvo- se vincula con la «corrupción política», la que afecta «el correcto funcionamiento del Estado», al punto de naturalizar esta práctica, en la cual se prioriza la impunidad, se debilita la institucionalidad y se desecha el deber de rendir cuentas, por parte de los funcionarios.
La acusación contra Gonza y Armando, gira en torno a dos obras públicas financiadas por el gobierno provincial y realizadas en la localidad de San Lorenzo, las que se hicieron con irregularidades, con ahorro en materiales y del costo de mano de obra, ya que enviaron a trabajadores municipales no capacitados para esas labores, con el fin de quedarse con parte del dinero de ese presupuesto.
En concreto, se trata de las casillas del programa provincial «Una casa para tu hogar» y de un puente o alcantarilla que también se hizo con fondos provinciales, obras que significaron un gasto millonario por parte del estado provincial, dinero del cual los acusados se vieron favorecidos.
