SALTA.- Por un año, el municipio de General Mosconi perdió alrededor de 20 millones de pesos, dinero que muy bien podría haber sido invertido en mejorar la provisión de agua para esa localidad, por ejemplo, lo cual no sólo hubiese festejado todo el pueblo, sino le habría valido al intendente la relección, sin embargo, nada de eso sucedió, pues la corrupción prácticamente es moneda corriente, en especial si se trata de fondos sociales.
En octubre pasado, el robo de esta suma de dinero mensual salió a luz luego de que el propio intendente Isidro Ruarte ordenó que todos los beneficiarios del Plan “Mosconi Avanza” sean bancarizados, lo que dejó al descubierto que muchos, sino cientos de ellos, no tenían ni idea que cobraban ese plan, mientras que otro tanto, ya están en sus tumbas.
Así, Mosconi no avanza nada, por el contrario, retrocede. Todo gracias a un puñado de planeros, los vivos de siempre que, sin ninguna supervisión hicieron de las suyas, o sea, se afanaron todo lo que pudieron, incluido los materiales de construcción adquiridos para edificar módulos habitacionales sociales, dos de los cuales estaban destinados a familias de comunidades originarias que tiene hijos con necesidades especiales.
Cuando la mugre salió a flote, y al explicar si la culpa es del chancho o de aquel que le da de comer, el intendente ni las autoridades del Consejo Deliberante se mostraron responsables del asunto, aunque en Mosconi, todos se conocen y saben quién es quién.
Cuando en octubre el banco dio a conocer las graves irregularidades de la lista con la que se manejaban los “planeros”, Ruarte se mostró sorprendido y rápido de reflejos, salió a denunciar el saqueo y así tomó distancia de la manera en que se distribuían esos fondos, dinero que llegaba a sus manos y, por ende, tenía sobre sí la responsabilidad de su control.
Más aún respecto a los materiales de construcción que, aún se desconoce, a dónde fueron a parar, pues el saqueo llegó a niveles generalizados. Fuentes municipales, a propósito, indicaron que el propio Ruarte se dio cuenta de que la única manera de darle un freno era con la bancarización del pago, el cual, hasta hace unos meses, se hacía a “pasamano” en el canchón municipal.
Modalidad
En busca de sacarle algún provecho político, Ana Guerrero Palma, presidenta del Concejo Deliberante, detalló cómo era el saqueo. Aseguró que en Mosconi hay un sistema de trabajadores eventuales, controlados por un “planero”. A todos los beneficiarfios, según explicó, se les da una tarea a cumplir y se le paga un monto en negro mensualmente.
“Durante la época de la pandemia, el intendente delegó en esta persona el pago de estos planilleros”, afirmó. Tras retirar el dinero de la tesorería, se liquidaba en lugares “como el canchón municipal, la delegación de Vespucio, Cornejo, y salían montos muy altos, uno alrededor de 4 millones de pesos de tesorería”.
“Las listas estaban herméticamente guardadas y solo podían hacerse altas, bajas, o modificaciones de los montos que se le daban a cada persona, según, orden del intendente. El tema es que en los últimos tiempos no sabemos por cuánto tiempo, este grupo de empleados hacía las altas y las bajas con connivencia de un empleado que era el custodio de la lista, todo sin ningún tipo de anuencia del intendente”, señaló.
Indicó que, al tener acceso a la planilla, es que se dieron cuenta de que las identidades estaban adulteradas. “Le ponían un nombre cualquiera, un número cualquiera y le asignaban un monto, de cada planilla de aproximadamente 20 renglones que traía la planilla, entre 11 y 13 eran falsos; era gente dada de baja por fallecimientos o era vecinos de Mosconi que desconocía que cobraba”.
Mediante esta modalidad, se perdieron alrededor de 1 millón y medio de pesos por mes. Además, también se investigó el desvío de materiales que eran destinados para la construcción de módulos habitacionales para familias de comunidades originarias que tienen niños en situación de discapacidad. “Dos de ellos ya fallecieron, nunca se les ha construido y el material ya no está”.
En este caso, mencionó que los materiales llegaban a un funcionario de políticas sociales del municipio, quien manejaba la entrega de estos materiales que nunca llegaron a destino. En vista de ello, se hizo una denuncia en el 2020. “Yo fui la denunciante, en la denuncia menciono solo dos nombres y esos fueron corriendo a dejarle material a construirle algo para que no se notara tanto, pero los beneficiarios eran 30, así que no se les construyó a todos”, remarcó.
