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Policiales

Por un faltante de 7 millones de pesos, mandan a juicio al exintendente de Iruya

En la entrega de turnos de juicio para ex jefes comunales, el juez Javier Aranivar ya le agendó fecha para marzo del 2024 al ex intendente Alfredo Soto, quien será juzgado por dos hechos de peculado, ocurridos en la gestión de 2015 a 2019.

Iruya

SALTA – La audiencia de debate programada para el ex intendente de Iruya, municipio elegido entre los 50 más lindos del mundo, fue fijada por el juez Javier Aranivar, de la Sala I del Tribunal de Juicio, quien tendrá a su cargo el debate contra Alfredo Soto por dos hechos de peculado.

El debate, que se desarrollará del 1 al 7 de marzo de 2024, surge de la acusación impulsada por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. La defensa del ex intendente, en tanto, estará a cargo de Nilda Garnica, mientras que Eliana Verchán intervendrá en calidad de querellantes en representación de la Municipalidad de Iruya.

El caso se inició a partir de la una denuncia radicada el 18 de febrero del 2020 por Eugenio Herrera, el intendente que sucedió a Soto, apenas dos meses después de la retirada del ex intendente, quien fue imputado dos años después, el 14 de febrero del 2022.

Según el requerimiento de juicio, elevado el 24 de marzo de ese mismo año, las irregularidades salieron a la luz a partir de una auditoría dispuesta por la nueva gestión, la que concluyó que existía un faltante de 7.773.758 de pesos, al que se sumaban otros 5.397.032 que surgieron a través de un informe de cheques rechazados que Soto emitió un día antes de la finalización de su gestión, es decir, el 9 de diciembre, un día antes de la asunción de Herrera.

Así las cosas, el monto de la denuncia inicial superaba los 13 millones. Sin embargo, del análisis efectuado por el gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se pudo establecer -aunque no descartaron seguir encontrando faltantes- que el ex jefe comunal se habría hecho con unos 6 millones 848 mil pesos, en dos hechos.

Los hechos

El primer hecho, según la acusación, gira en torno a tres cheques librados por el entonces intendente a favor de la Municipalidad de Iruya por 970.000 mil pesos, y que fueron cobrados por él mismo sin que exista una correcta rendición de cuentas. El hallazgo surgió tras revisar los movimientos bancarios de la cuenta municipal, en la que, al momento de cobro de esos cheques, quedó registrada la firma de Soto.

El segundo, en tanto, se refiere al faltante de dinero que ese municipio recibió de los programas sociales AIPAS, Asistencia Crítica y Pan Casero, por un total de $14.594.982, de los cuales sólo se rindieron $8.716.909. Por lo que, a no ser que el ex mandatario pueda demostrar lo contrario, nunca se rindieron los restantes 5.878.000 pesos.

Notificado del juicio, Soto rechazó la acusación y sostuvo que presentó toda la documentación correspondiente a los supuestos faltantes las autoridades competentes. “Los cuatro años de mi gestión se trabajó honestamente y eso se demostrará en el debate. Todo está en manos de la justicia”, afirmó.

Sin entrar en detalles de su coartada, insistió en que “no existe enriquecimiento ilícito” como pretende hacer creer el actual intendente. “No fui condenado por ningún delito y ejercito mi defensa con pruebas respaldatorias”, agregó, a la vez que adelantó una posible demanda por daños y perjuicios una vez concluido el juicio.

A todo esto, cabe señalar que el pasado 10 de mayo, la justicia dictó en contra de Soto una medida cautelar de inhibición general de bienes, lo que le prohíbe gravar o enajenar bienes registrables. “A través de la medida solicitada, se pretende evitar que se torne ilusorio el cobro de los daños patrimoniales al erario municipal, en caso de probarse que la actuación de Soto ocasionó daño económico a la Municipalidad y debiera responder por tales daños”, detalló la abogada Verchán, en su demanda contra del ex intendente.