SALTA – Nueve policías, identificados como Aldo Daniel Chauque, Santiago Delfín Jonathan Alcoba, Leonardo Corrillo, María José Miranda, Juan Alfredo Guitián, Jorge Valdiviezo, Jorge Alberto Saracho Dermith, Álvaro Nicolás Guanca y Cristian Agustín Cruz son juzgados por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal todo en concurso real.
Chauque, Alcoba y Corrillo, además, fueron acusados también como autores del delito de falsedad ideológica. Todo por un violento episodio ocurrido en el barrio Bicentenario, el 19 de diciembre del 2020, en el cual policías detuvieron a un vecino que luego resultó con doble fractura de mandíbula, entre otras lesiones.
Bajo la dirección de la jueza de la Sala V del Tribunal de Juicio, Mónica Faber, el debate se abrió con la lectura de la acusación penal, tras lo cual los acusados manifestaron sus deseos de no declarar, aunque no se descarta que eso suceda más adelante.
La investigación del caso fue llevada adelante por la fiscal Verónica Simense de Bielke, quien el 13 de mayo del 2021 pidió juicio para los cabos Alcoba y Miranda, el sargento Chauque y el suboficial Corrillo, con revista en la Comisaría 104 de barrio Palermo I; a quienes consideró responsable de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, y falsedad ideológica, todo en concurso real.
Los sargentos ayudantes Guitián, Valdiviezo y Saracho, de la subcomisaría de Grand Bourg; el cabo Guanca y el agente Cruz, de la dependencia de Villa Asunción, fueron acusados de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real.
Sobre el hecho, indicó que las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos se iniciaron tras la recepción de una copia del decreto de la audiencia de imputación de la víctima de la Fiscalía Penal 1, en la que expresó las agresiones que sufrió el día del hecho, luego de salir de su casa en dirección al domicilio de un amigo, en esa misma barriada.
El vecino contó que caminaba junto a su amigo, cuando frenó el móvil 1723 de la Comisaría 104 con cuatro policías que comenzaron a insultarlos, por lo que hicieron “oídos sordos” y siguieron caminando, pero la policía los seguía “bardeando”.
Sostuvo que su amigo les pidió que los dejaran de molestar, pero los policías se bajaron del móvil y los siguieron hasta el domicilio de éste, donde esperaron a que el móvil policial se fuera. Sin embargo, al lugar también llegaron los móviles 1682 de Grand Bourg y otro de la subcomisaría de Villa Asunción.
En seguida, los efectivos atacaron la casa, patearon la puerta de acceso, rompieron un vidrio con piedras e ingresaron contra la voluntad de la dueña de casa, donde tiraron al piso al denunciante, lo esposaron y lo golpearon. La víctima señaló que la familia trataba de que los policías se fueran pero que los efectivos no le hacían caso e insultaban a toda la familia, sin importarle la presencia de menores en la vivienda.
Ya reducido, el denunciante dijo que fue subido a los golpes a uno de los móviles y que al llegar a la comisaría lo tiraron al piso. Luego, se sumaron más policías y entre todos, lo patearon. Tras esto, fue llevado al hospital San Bernardo, donde le diagnosticaron doble fractura de mandíbula, se la inmovilizaron y le dijeron que necesitaba una prótesis de platino y medicamentos.
Sin embargo, sostuvo que fue llevado a la Alcaidía y que no le dieron ninguno de los medicamentos indicados en el hospital y que no podía comer. Más tarde, el informe médico del Gabinete de Medicina Legal del CIF, indicó que la víctima presentaba una fractura de mandíbula y que, por las características de la lesión, sería compatible con el relato del vecino.
La acusación de falsedad ideológica, en tanto, devino porque los efectivos labraron un acta en la que hicieron constar que la dueña de casa sí había autorizado el ingreso al domicilio, lo cual no sucedió. De esta manera, y tras analizar las pruebas que surgieron de la investigación, entre las que se encuentra la declaración de la víctima, diversos testigos del hecho, los informes médicos y el estudio de imágenes, la fiscal dio por acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal de los imputados.
Pedido de la víctima
Al momento de ingresar a la etapa de testimonios, la jueza llamó a declarar al vecino agredido, quien lo hizo sin la presencia de los imputados. En su exposición, el testigo, que se encuentra actualmente detenido, no reconoció a ninguno de los nueve acusados, que después fueron retirados de la sala de audiencias.
Apenas comenzó a relatar lo sucedido, indicó que no quiere ocasionarles problemas a los policías, que sí pasó todo lo sucedido, pero quiere que sigan trabajando y con su vida. Explicó que se produjo la pelea con ellos, que no los conoce, pero sí sucedió el hecho, a tal punto que terminó internado con fractura de mandíbula, pero agregó que lo pasado quedó atrás y que ya había terminado todo.
Con respecto a la fractura sufrida, aclaró que sí quedó con problemas para abrir la boca, que siente que la mandíbula se le traba. Después, a preguntas de la fiscalía comenzó con el relato de lo sucedido la fecha del hecho. La ronda de testimoniales continuó con la declaración de otros tres testigos, entre los cuales se encontraba la madre de la víctima.
Por el Ministerio Público actúa el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González. En ejercicio de la defensa intervienen Ramón Alfonso Méndez Ibarra (en representación de Alcoba y Corrillo), Pablo Alberto González (en representación de Saracho Dermith, Chauque, Cruz y Guitián), Gustavo Martín Ruiz Piazza y Hernán Facundo Paz (en representación de Miranda), y la defensora oficial 13 (en representación de Valdivieso y Guanca). Como «amicus curiae» se presentaron la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
