SALTA – Tal como lo había anunciado, la fiscalía le sumó a Javier Saavedra, imputado por el asesinato de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017, una nueva causa penal, esta vez por el delito de robo en perjuicio de una joven, la que se suma a otro hecho de hurto que supuestamente habría perpetrado en Salvador Mazza.
Esta nueva acusación fue formalizada por el fiscal penal Pablo Paz, quien acusa a Saavedra del robo de una mochila con efectos personales, elementos que fueron reconocidos por una estudiante de la Universidad Nacional, ubicada en la zona norte, muy cerca de la casa del acusado.
Al respecto, el fiscal explicó que recibió actuaciones giradas por la Unidad Fiscal que investiga el homicidio de Salas, específicamente relacionados a elementos secuestrados en un allanamiento realizado en el domicilio del acusado, al que se le incautó un documento nacional de identidad y una tarjeta a nombre de una mujer.
Informó que la dueña de dichos elementos los reconoció y contó que le habían sido robados en el primer semestre de 2018, cuando fue víctima del arrebato de su mochila, hecho ocurrido mientras esperaba el colectivo en inmediaciones del predio universitario. Con estos detalles, la fiscalía le endilgó a Saavedra el robo, delito que fue negado por el acusado.
Esta es la segunda causa penal por delitos contra la propiedad que se le abre. La primera, data del 28 de junio, cuando el fiscal penal de Salvador Mazza le imputó el delito de hurto calificado por un supuesto hecho perpetrado en la localidad de Santa Victoria Este.
La imputación, similar a la anterior, surgió de elementos secuestrado de la casa de Saavedra. El hecho, según lo informado, habría ocurrido el 14 de julio de 2019, en una vivienda ubicada en Santa Victoria Este, cuando ingresaron al domicilio de dos mujeres, a través de una ventana.
De dicho lugar, según el fiscal, se habrían sustraído diversos elementos, entre ellos una notebook grande, una netbook, herramientas varias y documentos. Además, se sustrajo una valija en cuyo interior se encontraba una tarjeta del Banco Santander a nombre de una de las damnificadas.
La víctima manifestó que sospechaba que el autor del robo era Saavedra, quien había trabajado en la misma ONG que ella. Según sus declaraciones, Saavedra había sido despedido previamente debido a un incidente y conocía el domicilio alquilado por las víctimas, ya que también había residido en el mismo lugar.
La hipótesis de la denunciante se vio corroborada al tomar conocimiento de un informe policial fechado el 19 de mayo de 2023, donde se menciona un allanamiento realizado en la residencia de Saavedra. Durante el procedimiento se encontró la tarjeta de crédito del Banco Santander que le fuera sustraída a la mujer.
Estrategia
La apertura de estas dos causas, en cierta manera, responden a un adelante que la misma unidad fiscal que investiga el homicidio de Salas, realizó el 13 de junio pasado, cuando señaló que los hermanos Saavedra, por los elementos secuestrados en los distintos allanamientos, estarían vinculados a otros hechos delictivos.
Al respecto, revelaron que los titulares de las tarjetas bancarias, de las tarjetas transporte y de los documentos de identidad secuestrados, manifestaron haber sido despojados de los mismos en hechos delictivos donde en algunos casos aportaron características de sus agresores y en otros, precisaron la identidad de los causantes.
Con esta estrategia, la fiscalía busca afianzar la acusación principal por el crimen de Salas, investigación que aún no fue elevada a juicio, lo que podría suceder muy pronto, pues ya no hay más pruebas que producir, sino más bien, se especula que la demora fue dirigida a que las otras fiscalías formalicen estas causas en contra del Saavedra más complicado de los tres.
Cabe mencionar que Javier es el único de los tres hermanos, cuya prueba de cotejo genético le resultó desfavorable, pues su ADN fue detectado como compatible con las muestras recogidas desde la escena del crimen, en la casa de la víctima en la localidad de Vaqueros.
Aunque esta prueba ya dice mucho, se trataría de la única prueba de pesos que existe en su contra, razón por la cual era necesaria apuntalarla con otras causas, tal como ya se concretó con las dos imputaciones formalizadas por los fiscales Cazón y Paz por los delitos de hurto y robo.
Con esto, la fiscalía busca reforzar el perfil delictivo de los acusados, a los que describieron como integrantes de una banda que se dedicaba al robo al voleo en la zona norte, tanto en los alrededores de la universidad, como en las localidades de La caldera y Vaqueros, donde fue asesinada Salas.
