SAN JUAN.- En un acontecimiento sin precedentes, las juezas Marianela López y Belén Loguercio, provenientes de San Juan y Lomas de Zamora respectivamente, han adoptado el revolucionario Índice Crianza desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) como base para determinar el monto de la cuota alimentaria en un fallo judicial.
Esta novedosa guía ha sido concebida como “un valor de referencia para saber cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar niños, niñas, y adolescentes”. En este sentido, la Canasta de Crianza contempla no solo el costo de los elementos esenciales para la primera infancia y la adolescencia, sino también los gastos asociados al cuidado de los menores. Sin embargo, uno de sus propósitos principales es su aplicación dentro del ámbito judicial.
San Juan y Lomas de Zamora avanzan en reformas judiciales de género
Hace apenas dos meses, se hicieron públicos los primeros datos. En fecha del 17 de agosto, se anunciaron los valores correspondientes a julio y, basándose en los registros proporcionados por el INDEC, se constató un incremento del 16.4%. Las cifras totales para la Canasta de Crianza en el mes de julio, considerando la suma de los gastos en bienes y servicios esenciales junto al costo del cuidado, ascienden a $120,970 para menores de 1 año, $142,436 para niños y niñas de 1 a 3 años, $112,640 para la franja etaria de 4 a 5 años, y $105,817 para edades comprendidas entre 6 y 12 años.
Las juezas Marianela López y Belén Loguercio fueron pioneras al incorporar el Índice Crianza en sus sentencias. El 1 de agosto, la jueza Loguercio, actuando en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, utilizó la Canasta de Crianza como base para establecer una cuota alimentaria provisional equivalente al 50% del índice para menores de 6 a 12 años.
De manera similar, la jueza López de San Juan aplicó este mismo índice en un fallo sin precedentes el 25 de julio. El caso involucraba un acuerdo extrajudicial entre los progenitores que no fue cumplido por el padre, llevando a la madre a presentar una petición judicial. López respaldó su decisión citando a la abogada Victoria Famá, quien argumenta que el incumplimiento del pago alimentario por parte del padre constituye una forma de violencia económica hacia la madre.
