BUENOS AIRES.- La sesión especial de la Cámara de Diputados marcó un hito en la discusión sobre la Ley de Alquileres, ya que la oposición logró alcanzar el quórum necesario para su inicio. En un duro golpe a las y los inquilinos, Juntos por el Cambio (JxC) presentó una propuesta que finalmente fue aprobada con 125 votos a favor y 112 en contra. Esta decisión marca un cambio significativo en la política de alquileres y plantea ajustes en varios aspectos.
Una de las principales alteraciones propuestas se refiere a la duración de los contratos de alquiler. La nueva ley de Diputados establece un plazo mínimo de 2 años, revirtiendo el esquema establecido por la normativa anterior. En cuanto a los aumentos de alquileres, la nueva legislación introduce el concepto de «acuerdo entre las partes». Esto implica que los incrementos de precios serán determinados mediante negociaciones que ocurren en intervalos de entre cuatro y doce meses.
Cámara de Diputados, en la mira de inquilinos
Además, se plantea la posibilidad de utilizar índices como el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), para respaldar estas decisiones. Pese a ello, el “acuerdo entre las partes” se centra en las necesidades y deseos por parte de los propietarios. Otro aspecto relevante es el relacionado con los pagos iniciales.
La nueva ley prohíbe el cobro de alquileres anticipados y depósitos de garantía que superen un mes. En cuanto a las reparaciones, la ley establece plazos específicos para que los propietarios respondan a las necesidades de mantenimiento. En situaciones de reparaciones urgentes, los propietarios deben abordarlas en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación del inquilino. Para reparaciones no urgentes, este plazo se extiende a 10 días corridos.
Finalmente, la ley contempla la posibilidad de cancelación anticipada de contratos por parte de los inquilinos, pero con ciertas restricciones. No se permite la cancelación antes de los primeros seis meses de contrato, y si la notificación se realiza con al menos tres meses de antelación, no se requerirá el pago de ninguna suma adicional. De esta manera, la Cámara de Diputados ha dado un golpe crítico a la economía y garantías de una vida digna a la población.
Protesta de inquilinos en la puerta del Congreso | "Hay que proteger el salario de los que alquilamos, y lo que hoy hicieron es proteger la rentabilidad de los dueños de las viviendas de Argentina" aseguró Gervasio Muñoz, Inquilinos Agrupados. pic.twitter.com/2m8uMwuGjv
— Televisión Pública (@TV_Publica) August 23, 2023
