SALTA – El 16 de julio pasado, la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, había requerido formalmente que los hermanos Carlos, Guillermo y Javier Saavedra sean llevados a juicio por el crimen de Jimena Salas, agravado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por la participación de dos o más personas y por mediar violencia de género.
El requerimiento se formalizó ante el Juzgado de Garantías 1, a cargo de la jueza Ada Guillermina Zunino, quien debe realizar los trámites previos del caso y girar el expediente al Tribunal de Juicio, donde se sorteará la sala y se fijará la fecha de debate.
En ese marco, la magistrada debe notificar a las partes sobre el pedido realizado por la fiscalía a fin de que la defensa y, en este caso la querella, hagan los planteos que consideren oportuno, paso que, según lo averiguado por este medio, todavía no se habría realizado.
Al respecto, la defensa, a cargo del abogado Marcelo Arancibia, confirmó que aún no fue notificado, lo que generó curiosidad respecto a la demora. Al indagar sobre este punto, este medio pudo conocer que habría, entre medio, un planteo que no fue resuelto.
Se trataría de un recurso que la defensa de los hermanos Saavedra interpusieron contra un fallo del Tribunal de Impugnación, de la Sala III, el que había negado la posibilidad de que se haga una contraprueba de ADN con los rastros levantados de la escena del crimen y una muestra de uno de sus defendidos, Javier Saavedra, el único que permanece detenido.
Como se sabe, tras su detención en septiembre del año pasado, desde la fiscalía se solicitó la respectiva prueba genética con las muestras recogidas tras el crimen de Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017, evidencias resguardadas en el gabinete genético forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Como resultado de esa medida, solo Javier, el menor de los tres hermanos, resultó positivo, siendo esta la principal razón por la que sigue preso. Lo que no sucede con sus otros dos hermanos, Carlos y Guillermo, quienes lograron el beneficio del arresto domiciliario, gracias a los oficios de su defensor.
El caso
Como se sabe, Jimena fue asesinada, al menos, por dos personas en horas del mediodía, cuando un par de sujetos merodeaba el barrio San Nicolás, en Vaqueros, con un perro Caniche Toy, el que utilizaban de cebo para poder ingresar a las casas y poder cometer un robo.
Pese a que Salas siempre se mostró bastante arisca a la vista de extraños, en esta ocasión, bajo la guardia y conmovida por el cuento de que el perrito estaba perdido y casi lo atropellan, cedió y les permitió a los visitantes entrar a su casa, donde se produjo una violenta escena.
Con fines de robo, los asesinos intentaron reducir a Salas con actos intimidatorios, pero la víctima no se mostró vulnerable, sino que les hizo frente. Como resultado, recibió más de 50 cuchilladas y terminó muerta en medio de un charco de sangre en el living comedor de su casa, mientras sus hijas menores, mellizas, quedaron encerradas en el baño.
Los ladrones que, de golpe se convirtieron en homicidas, no robaron nada y solo pensaron en darse rápidamente a la fuga. Después de las 13 de ese día, Nicolás Cajal Gauffín llegó a la vivienda y encontró la escena dantesca, de la cual nada se sabe a ciencia cierta.
El cotejo genético de las huellas halladas debajo de las uñas y en otros lugares de la casa con el ADN de Javier Saavedra, a decir verdad, es lo que más se acerca a un posible esclarecimiento del hecho, por lo que es lógico que la defensa apunte contra esa prueba.
Y para ello reclamaron un segundo estudio, pues consideran que el cotejo puede estar viciado por algún error humano, por lo que solicitaron una contraprueba, la que podría hacerse en otro estudio, ya sea en Buenos Aires u otra provincia que tenga un laboratorio de mayor experiencia.
Esta pericia, sin embargo, le fue negada por el Tribunal de Impugnación, por lo que la defensa quiere que se haga antes de que su cliente sea enjuiciado, ya que, de resultar negativa, su situación procesal cambiaría rotundamente.
Casualmente, este asunto es el que tendría trabado el curso del requerimiento de juicio, pues el pedido defensivo estaría en manos de la Corte de Justicia, sin que se haya dictado una resolución al respecto. Atento a ello, la jueza Zunino estaría a la espera de que se defina si se hace o no la contraprueba para recién elevar el caso a juicio.
