BUENOS AIRES.- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se encuentra en el centro de la atención, ya que a partir de mañana debatirá varios proyectos de ley que tienen como objetivo incrementar las penas por manifestaciones negacionistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Además, se abordará la inclusión del antisemitismo en la ley antidiscriminatoria.
La sesión en Diputados será presidida por Hugo Yasky y contará con la discusión de una propuesta que busca la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática. Durante el debate se buscará unificar criterios entre las iniciativas presentadas por legisladores como Marina Stilman de la Coalición Cívica y los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés, a partir de un borrador de consenso elaborado por Yasky.
Este tema ha vuelto a cobrar relevancia en plena campaña electoral debido a los comentarios de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) que han negado el Terrorismo de Estado de la década del ’70 y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar (1976-1983). En cuanto a las sanciones propuestas en los proyectos de ley, uno de ellos, presentado por el diputado Eduardo Fernández del bloque del Frente de Todos, busca modificar el artículo 213 del Código Penal.
Cámara de Diputados se prepara para uno de los debates más intensos
En el Código Penal se establece que quienes públicamente nieguen, apologicen o reivindiquen delitos relacionados con genocidio y crímenes de lesa humanidad serán sancionados con prisión de tres meses a dos años, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y otros tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional en Argentina.
Además, se impondrá una multa económica de 10,000 a 100,000 pesos a quienes hagan manifestaciones públicas con el mismo propósito. En el caso de funcionarios públicos, el proyecto prevé la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos durante diez años si hacen manifestaciones públicas de este tipo. Además, se aplicaría una multa económica equivalente al doble de lo establecido en el artículo 213 del Código Penal.
Por otro lado, Carolina Moisés propone una modificación similar del artículo 213 y sugiere sanciones más estrictas para los funcionarios públicos, incluyendo la destitución de su cargo e inhabilitación por el doble del tiempo de la condena. Además, el proyecto de ley de presentado en la Cámara de Diputados establece la obligación de acreditar capacitación en derechos humanos antes de ser designados nuevamente en un cargo público.
🎬| RESUMEN SEMANAL
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 28, 2023
Esta semana la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibió a funcionarios del Ministerio de Economía para llevar a cabo una reunión informativa, y la Orquesta de la Cámara realizó el concierto “Costa Rica Musical”.
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