BUENOS AIRES.- En respuesta al reciente protocolo anunciado por Patricia Bullrich, que busca la intervención de las fuerzas de seguridad durante movilizaciones, se han sumado diversas voces críticas tanto a nivel nacional como internacional. La más reciente adhesión proviene de Jon Favreau, asesor estadounidense del expresidente Barack Obama, quien en sus redes sociales calificó a Javier Milei como «dictador en una semana».
Este repudio internacional se amplió con la declaración de Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, oriundo de Togo. Voule, a través de sus perfiles en redes sociales, expresó su preocupación por el protocolo antipiquetes, adjuntando el documento anunciado por Patricia Bullrich.
En su declaración, hizo hincapié en la importancia de garantizar y proteger el derecho a la reunión pacífica, señalando que criminalizar la protesta pacífica no es la solución para resolver las crisis sociales. Subrayó que está siguiendo de cerca la situación en Argentina, destacando la necesidad de preservar los derechos fundamentales. El protocolo presentado por Bullrich establece varias medidas controvertidas.
El protocolo antipiquete de Patricia Bullrich
En primer lugar, elimina la liberación de vías alternativas durante los cortes, indicando que si se corta la vía principal, esta permanecerá cerrada. La ministra de Seguridad argumentó que el propósito es cumplir la ley y que el Gobierno priorizará la protección de las fuerzas federales. Además, anunció la intervención de las cuatro fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal en casos de cortes, piquetes y bloqueos.
Una de las disposiciones más polémicas es la creación de un registro de las organizaciones participantes en manifestaciones, derogando un protocolo garantista anterior. Bullrich explicó que se identificarán a los autores, cómplices e instigadores de delitos, así como a los vehículos y conductores registrados. También anunció sanciones para quienes lleven niños y adolescentes a movilizaciones, con aviso a las autoridades competentes.
Además, Patricia Bullrich señaló que se enviará la factura por el uso de la fuerza de seguridad a las organizaciones o individuos responsables, argumentando que el Estado no sufragará estos costos. Este enfoque busca responsabilizar a las organizaciones que participan en manifestaciones y, en el caso de extranjeros, se informará a Migraciones.
#Argentina Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la #protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la #fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales.🧵 pic.twitter.com/OikovtUfAG
— UN Special Rapporteur Freedom of Association (@cvoule) December 16, 2023
