SALTA – En un acta notarial, presentada por las mismas autoridades de la Caja de Seguridad Social de Abogados, María Emilia Carabajal y Patricio Fernando Araoz Fleming, el empleado Sergio Luis López, único acusado hasta ahora, reconoció su autoría en el fraude durante una reunión mantenida con el presidente y vice de esta entidad.
Bajo la mirada de la escribana, Leila Daniela Herrera, el 22 de junio pasado, cuatro días antes de hacer la denuncia, los denunciantes se reunieron con López en el edificio de la Caja. Al respecto, se dejó constancia que López “se apersonó en el despacho, en presencia de Araoz Fleming, Pablo Calisaya y Carabajal, quien le explicó a López el motivo por el cual se encontraban reunidos”.
Posteriormente, fue Araoz Fleming, quien le expresó al empleado “los argumentos por los cuales solicitaron la presencia de la escribana y le ofreció los informes de los que, según la institución, surge un indicio de hurto de dinero. Acto seguido, el López procedió a hacer su descargo, explicando que él se responsabiliza por los hechos que se le atribuyen con respecto al manejo indebido de la Caja”.
Al término, el imputado aseguró enfáticamente que “nunca compartió su clave y es el único que tiene acceso a su sistema. López aclaró que ningún otro compañero fue parte de lo sucedido”. Luego de esa reunión, según trascendidos, el cajero se marchó con la promesa de que iba a reintegrar el dinero del fraude, lo que habría cumplido, aunque no en su totalidad, lo que derivó en la denuncia.
Tatiana Borghi, quien es Jefa del sector contable de la Caja de Abogados, al prestar declaración sobre el hecho sostuvo que, al revisar expedientes con deudas, es que “encontró varias inconsistencias significativas en las operaciones y procesos internos en la sede central de la caja.”.
Borghi explicó que “en el sistema de la Caja, los usuarios de cajeros podían anular recibos y que cada cajero tiene su usuario y su clave en su computadora, la cual no puede ser usada en otra computadora”, para luego detallar la ruta de los pagos que el acusado recibía y que nunca fueron rendidos.
“Sin saber que existía este problema trabaje con una muestra de expedientes impagos mayores a 500.000 pesos, correspondiente al ejercicio 2022, en función al balance de cierre, y ahí se analizó todo el circuito, y se encontró la anulación del primer caso, Expte. N° 692096/2019”, relató.
Luego, constatamos que el expediente había seguido su curso en el Poder Judicial, y no había razón para que este fuera anulado. Cuando encontramos el segundo caso, Expte. N°630602/2018, hago hincapié en que el lapso de tiempo entre el recibo emitido y el recibo anulado era significativo”.
Producto de estos dos expedientes, es que surge una administración fraudulenta por más de 8 millones de pesos, lo que fue admitido por el acusado, aunque todavía existen fuertes dudas respecto a la posible participación de otros cómplices, o bien, la connivencia de algún otro integrante de la comisión directiva.
Falencias
El caso, más allá de sacar a luz la maniobra, pudo evidencia ciertas falencias en materia de control. En una de las pericias, se resalta que “no se verificó la existencia de controles al respecto. En síntesis y en función de lo examinado surge que, en la Caja de Seguridad Social para Abogados se producía un gran movimiento de dinero en efectivo y no existían políticas ni procedimientos respecto a la disposición y control de los fondos de la entidad”.
Todo esto, agrega la pericia, “denota la ausencia de pautas respecto al control interno de la Institución”, aspecto que abre un fuerte interrogante respecto a las tareas puertas adentro de la entidad, en especial de los fondos que constituyen el pozo del cual salen los pagos jubilatorios de los asociados.
Por último, y a modo de refuerzo probatorio, la fiscalía destacó “la acreditación del hecho delictivo pergeñado por el encausado en los distintos elementos incorporados, destacándose el informe de AFIP, remitido por la División Investigación Dirección Regional Salta, respecto del padrón fiscal de las cuentas bancarias y de los bienes registrables de Sergio Luis López”, aunque no se detalla el destino que tuvo el dinero desfalcado.
