BUENOS AIRES.- A menos de dos semanas del anunciado paro general contra el gobierno de Javier Milei, la tensión entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el oficialismo alcanza nuevos niveles. El Ministerio de Seguridad ha iniciado un conflicto económico con la central obrera, enviándole una carta documento donde solicita el pago de $40.500.000 por los supuestos costos del operativo de la última movilización del 27 de diciembre de 2023.
La respuesta de la CGT no se hizo esperar, titulando su comunicado «El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado». En el documento, la central sindical considera la intimación como una «nueva provocación del Poder Ejecutivo» y denuncia los intentos del gobierno de Milei de silenciar las manifestaciones y protestas de los trabajadores frente a la reforma laboral que consideran la más regresiva en la historia democrática del país.
En virtud de lo anterior y dentro del comunicado, la Confederación General del Trabajo repudia la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta. De igual manera, considera cualquier intento de manifestar el rechazo y el descontento como un ataque a los intereses legítimos de los trabajadores y trabajadoras de todo el país.
Javier Milei y la CGT no cesan en cruces de cara al paro general del 24 de enero
La multa a los manifestantes forma parte del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, quien argumenta que las organizaciones o individuos responsables deberán hacerse cargo de los costos de los operativos, ya que el Estado no asumirá los gastos por el uso de la fuerza de seguridad. La CGT ratifica el paro nacional del 24 de enero, anunciando un plenario de lucha junto a organizaciones sociales de izquierda y sindicatos combativos para impulsar la medida.
La huelga de 12 horas iniciará a partir del mediodía del 24 de enero y se espera una movilización desde la sede sindical de Azopardo al 800 hacia el Congreso, donde se anticipa el inicio del debate de la ley ómnibus. En un giro judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de la CGT contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei.
La medida cautelar suspende la aplicación del capítulo laboral del DNU, que incluía cambios controvertidos como el período de pruebas de ocho meses, la reducción de indemnizaciones por antigüedad o despido, y restricciones al derecho a huelga en servicios esenciales. Vior, mientras que la jueza González se opuso. Los jueces que respaldaron la apelación de la CGT argumentaron que no se evidenciaría la necesidad y urgencia de adoptar tantas medidas sin la intervención del Poder Legislativo.
📍COMUNICADO DE CGT:
— infocamioneros (@cgt_camioneros) January 12, 2024
El Gobierno no va a condicionar al Movimiento Obrero Organizado. #cgt pic.twitter.com/4JKrNcI3ff
