Otro de los recientes debates abiertos desde el gobierno a partir de algunas de sus propuestas incluidas en sus iniciativas de DNU y de ley Ómnibus” es si la erogación pública o incentivos en materia de fomento a la cultura es un mero gasto oponible a las necesidades de ahorro publico para equilibrar las cuentas o resulta una inversión en el desarrollo integral de los habitantes de una comunidad para alcanzar la categoría de ciudadanos plenos.
Las reacciones explicitas a las propuestas de ajuste en materia cultural abarco a sectores de la música, el teatro, el cine, la literatura, la industria del libro, las bibliotecas, etc. Ello generó que los principales referentes de tales colectivos se fueran expresando de distintas maneras.
Eso fue a tal punto que quien encabezó una solicitada de artistas argentinos fue quizás uno de los más emblemáticos de la música argentina como Charly García. En ese documento se expresa bajo el título “La cultura esta en peligro” que el proyecto de ley ómnibus implica la derogación de leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias y del patrimonio cultural de nuestro país.
Artistas de la talla de León Gieco, Graciela Borges, Fito Páez, Palito Ortega, Leonardo Sbaraglia, Susana Rinaldi, el director de cine Santiago Mitre y cientos más denunciaron el ataque en contra de la identidad cultural, los medios públicos y los organismos descentralizados que fomentan la producción cultural argentina.
De la misma manera en Salta artistas de la poesía, el teatro, la música, la plástica, la danza y las artes visuales se expresaron bajo la consigna “La cultura dice niaca” manifestando su repudio al DNU y a la Ley Ómnibus promovidas por el Poder Ejecutivo Nacional.
Los proyectos del gobierno implican entre otras cosas el desfinanciamiento del INCAA (cine argentino), el cierre del Fondo Nacionales de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, el desfinanciamiento de las Bibliotecas Populares y del Instituto Nacional de la Música y la derogación de la Ley de defensa de la actividad librera.
Otro aspecto de la confrontación del gobierno con los referentes culturales fue por el destino de SAGAI y la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los artistas argentinos (ley 11.723), lo que origino la reacción de actores como Ricardo Darín, Adrián Suar, Pablo Echarri y tantos otros que independientemente de sus ideas políticas salieron en defensa de los derechos intelectuales de los artistas, destacando el rol de la entidad que sin recibir aporte económico del estado realiza una acción social de cobertura a miles de socios vinculados a la cultura argentina.
Cada artista argentino reafirma con convicción que la industria cultural argentina es “superavitaria” reafirman que las vinculaciones del Estado a la cultura mediante el cine, el teatro, la televisión y demas y su acceso por parte de la población no son privilegios sino derechos.
Sorprendentemente una de las respuestas del presidente Milei a estos planteos fue concretamente hacia el productor y actor Adrián Suar con la frase:” El defiende a quienes viven de privilegios” agregando además que desde su posición debe priorizar “darle de comer a la gente” minimizando la inversión en desarrollo cultural y hasta contraponiéndola con la msima.
Entonces el debate de fondo sería si es valido contraponer las necesidades alimentarias de los argentinos y argentinas a la cultura. En definitiva, el interrogante sería si es suficiente justificativo la necesidad de equilibrio fiscal que incluye al ahorro público para la destrucción de la cultura nacional. E incluso si no forma parte el desarrollo cultural argentino y su trascendencia internacional una herramienta valida también para la generación de recursos y trabajo nacional.
No se puede comprender que resulte tan pequeña la visión de un gobierno que lo lleve a confrontar con los máximos exponentes de la cultura nacional sobre el significado de la soberanía cultural y su acceso en democracia.
Claramente la cultura de un país resulta clave y determinante hacia el desarrollo de los seres humanos sin importar la condición económica o social. El acceso a los bienes culturales también forma parte de los aspectos que influyen para que los ciudadanos alcancen un nivel de vida acorde a las condiciones donde se desarrollan. Es muy pequeña la idea de que el Estado cumple solo permitiendo acceso a los alimentos, pero obstaculizando el acceso a la cultura como elemento determinante para el comportamiento humano. La cultura ayuda a emprender, a ser creativos, a innovar y a relacionarse en la sociedad. La cultura no es un privilegio es un derecho.
