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Opinión

El pueblo en peligro: los diputados que quieren vivir del Estado

Ser legislador era un símbolo de respeto y decoro, donde «Honorable» enfatizaba la seriedad y la nobleza del trabajo que realizaban aquellos legisladores.

Por Matilde Serra

En Salta -como en todo país, lógicamente- hubo un tiempo en que la política era una cuestión de principios. Las familias adherían a una idea y daban hombres, más tardes mujeres, a la causa de la política. Pero aquello era una actitud y no como ahora un vil negocio donde los cargos tienen precio y levantar la mano también.

Eran los tiempos en que las placas de ingreso a los recintos de sesiones lucían en lustrado bronce la palabra «Honorable», respondiendo a una tradición que tiene raíces históricas y culturales. Este calificativo tenía como objetivo conferir un cierto grado de respeto y prestigio a las instituciones legislativas.

Así se destacaba, por ejemplo, la importancia del rol legislativo en la toma de decisiones y en la representación de la voluntad del pueblo. Se consideraba que los miembros de estos cuerpos desempeñaban un papel crucial en el gobierno y la sociedad.

Ser legislador era un símbolo de respeto y decoro, donde «Honorable» enfatizaba la seriedad y la nobleza del trabajo que realizaban aquellos legisladores.

Reflejaba además los valores democráticos y la dedicación al servicio público, era un recordatorio de la responsabilidad y la integridad que la sociedad esperaba de quienes ocupaban los cargos legislativos. En un caso de máxima, en el Reino Unido se utiliza aún la denominación «Right Honourable» (Muy Honorable) para algunos miembros del Parlamento.

En suma, el uso de «Honorable» para referirse a los cuerpos legislativos es una tradición que busca conferir respeto y solemnidad a estas instituciones, subrayando la importancia de su función en el sistema gubernamental.

En Salta ya no hay «honorables» ni tampoco legisladores

En la actualidad aquella honorabilidad parece haberse cambiado por el liso y llano deseo de acceder a los cargos legislativos para vivir del Estado. Así, en los últimos días en la Ciudad de General Güemes, dos ediles -Alejandra Barrionuevo y Francisco Salcedo- y otro en Campo Santo, decidieron renunciar a sus bancas y dejar vacantes sus lugares porque consideraron insuficiente la dieta. La actitud es insólita y los protagonistas gente sin moral cívica, sin duda.

Estos sujetos consideraron que la suma de $ 150.000, no cubría sus expectativas y que además la función legislativa les perjudicaría sus tiempos laborales particulares. El ciudadano no puede menos que preguntarse si acaso esta gente no pensó eso varios meses antes de asumir.

De forma que es posible constatar como en el primer nivel de la política, el inicial, como es el concejo deliberante, aquel viejo «honor» de representar al vecino, ya se ha perdido. Los fallidos concejales pertenecen a uno de los tantos enjuagues políticos como Memoria y Movilización, un espacio que siempre tuvo movilización porque migraron de un lado a otro según más convenía y nada de memoria porque inmediatamente se olvidaban de los principios y el origen.

Diputados se buscan

En esto de deshonrar al cargo y a la Cámara, el que se lleva la palma es, Juan Ameri, recordado por el bochorno de besuquear los pechos de su pareja frente a una cámara durante un debate parlamentario. De allí en más, Salta, tiene una colección de personajes, como el también ex diputado, Miguel Nanni, que reveló su nivel de estudios primarios al no saber leer de corrido durante una sesión.

Pero también están los más circunspectos y atildados, que, si bien no caen en estos papelones tan infames, pero resuelven su historia quizás de otra manera como es levantando la mano para votar a favor de los intereses del centralismo porteño o de lo que el gobierno nacional envía a las Cámaras, olvidándose de que esas leyes que votan pueden quizás perjudicar a su provincia y a sus conciudadanos que les pagan sus abultados sueldos.

La última muestra de esta labilidad -o propensión a cambiar, como en una reacción química-, la están dando los diputados nacionales frente al desafío de votar la Ley Ómnibus que exige aprobar el Ejecutivo nacional. Unos, por militancia o convencimiento y otros por interés o juego político, pero estarían todos dispuestos a mirar antes eso que los intereses de los salteños.

En la historia, por cuestiones de honor político, Leandro Alem y Lisandro de la Torre, se suicidaron, no pareciera que ninguno en la actualidad tenga ni cercanamente esa intención, claro.

Menos mal, que ya hace un tiempo se quitó de las Cámaras legislativas el título de «Honorable».