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Instruyen a Patricia Bullrich a presentar «argumentos legales» en 72 horas sobre el Protocolo antipiquete

Se debe proporcionar los «fundamentos jurídicos» de su aplicación, así como confirmar si se consultó a la Secretaría de Derechos Humanos.

Patricia Bullrich
Fuente: Patricia Bullrich en Twitter.

BUENOS AIRES.- El juez federal Sebastián Casanello se ha declarado competente en el caso que cuestiona la inconstitucionalidad del protocolo antipiquete implementado por el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich. Esta decisión ha generado un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre el mantenimiento del orden público y el respeto a los derechos humanos durante protestas.

En un documento oficial, el magistrado instó a la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, a presentar un informe detallado en las próximas 72 horas. Este informe debe proporcionar los «fundamentos jurídicos» de la aplicación del protocolo, así como confirmar si se consultó a la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

Patricia Bullrich, nuevamente, en la mira de Derechos Humanos 

En particular, el juez Casanello busca que el informe del Ministerio de Seguridad incluya información detallada sobre el procedimiento que precedió la emisión del protocolo, sus antecedentes, hoja de ruta y dictámenes jurídicos previos. Además, se solicita precisar los fundamentos jurídicos que respaldan los lineamientos del protocolo en relación con el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación. 

El juez también busca determinar si se realizó un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos. En un gesto significativo, Casanello pide información adicional sobre posibles denuncias de excesos en el ejercicio de funciones por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales desde la implementación del protocolo antipiquete. Se espera que el Ministerio de Seguridad responda a estas solicitudes en las próximas 72 horas.

Esta decisión del juez Casanello surge como respuesta a la acción de «inconstitucionalidad» presentada por la legisladora porteña Celeste Fierro del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Fierro argumenta que el protocolo de Patricia Bullrich, al prohibir el corte de calles y rutas durante protestas, amenaza derechos políticos fundamentales.