SALTA (Redacción) – A días de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y todo lo que eso implicó, los rumores sobre posibles acciones del gobierno son muchas. Una de ellas es la posibilidad de querer indultar a los militares y Pablo Kosiner volvió a marcar la línea divisoria con Javier Milei con respecto a esta situación.
«Hoy comenzaron a circular, en medios de prensa y redes sociales, diferentes rumores sobre la intención del gobierno de firmar un indulto respecto a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad», publicó anoche Kosiner en sus redes sociales. Frente a este escenario, el político salteño reconoció la necesidad de hacer algunas aclaraciones al respecto.
Antes que nada, destacó que el 24 de marzo es la fecha que los argentinos reivindicamos «la memoria, la verdad y la justicia y reafirma el compromiso del pueblo argentino con la democracia«. Por lo tanto, Kosiner declaró que avanzar con el indulto «sería una imperdonable provocación y un avance hacia la pérdida de la paz social y la convivencia armónica en nuestra sociedad».
«El solo hecho de comenzar a analizar la posibilidad de un indulto da escalofrío», reconoció al mismo tiempo. «No obstante lo cual desde la faceta legal el indulto a condenados o procesados por delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no pueden ser objeto de indulto, ni amnistía ni conmutación de penas conforme la Ley 27.156», explicó al mismo tiempo Kosiner.
Lo contrario a esta ley está afectado de nulidad absoluta
«Esta ley fue sancionada el 1/7/2015 y me tocó participar de la votación de la misma el 19/11/2014 en la que se la aprobó con un gran consenso de 173 diputados y diputadas y tan solo 16 abstenciones», rememoró el exlegislador. A lo que Kosiner advirtió que «cualquier acto contrario a esta normativa está afectado de nulidad absoluta e insanable.»
A modo de cierre, remarcó que esta ley responde directamente a las marcos normativos internacionales. También se suma el «respaldo que le da los Tratados internacionales con jerarquía constitucional ratificados por Argentina y la jurisprudencia de la CIDH», remarcó. El mismo «contiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones de ddhh sin garantizar mecanismos de impunidad», finalizó Kosiner.
