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Ley Bases: Estos son los principales puntos del impacto de la Reforma Laboral en el Senado

Victoria Villarruel convocó a una sesión en el recinto para tratar ambos temas, programada para las 10 horas del 12 de junio.

Ley Bases
Fuente: Pixabay.

BUENOS AIRES.- El próximo miércoles el Senado discutirá la Ley Bases que ha obtenido dictamen y cuyo debate incluirá un paquete fiscal. Ante ello, Victoria Villarruel convocó a una sesión en el recinto para tratar ambos temas, programada para las 10 horas del 12 de junio. Si se aprueban, ambas normas sufrirán modificaciones y deberán volver a la Cámara de Diputados para su revisión.

Ley Bases en el Senado: Reforma laboral y el impacto en los trabajadores

Blanqueo Laboral: Entre los artículos 76 y 81, bajo el título «Promoción del empleo registrado», se proponen beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores. Sin embargo, se aclara que «cualquiera sea su antigüedad y su salario, solo podrá tener acreditados hasta 5 años de aportes calculados sobre el monto del salario mínimo, vital y móvil, a los fines de reconocimiento para su jubilación».

Fondo de cese laboral: El artículo 93 habilita que, a través de convenios colectivos de trabajo, se reemplacen las indemnizaciones por despido con la constitución de un fondo o sistema de cese laboral. Esto dependerá de lo que disponga el Poder Ejecutivo, permitiendo a los empleadores contratar un servicio privado o autoasegurarse. CIFRA advierte que esta medida genera «más inestabilidad e incertidumbre y mayor disciplinamiento» al eliminar el desincentivo actual para despedir empleados.

Ampliación del periodo de prueba: En los artículos 89 y 95, se propone extender a 6 meses el periodo de prueba para los trabajadores en un nuevo puesto, con posibilidad de ampliar hasta 8 meses en empresas de 6 a 100 trabajadores y hasta 1 año en empresas más pequeñas. Durante este tiempo, el trabajador puede ser despedido sin causa y sin indemnización. Eliminación de sanciones por no registrar empleados: La reforma elimina las indemnizaciones para los empleadores que no registren una relación laboral o lo hagan con un salario menor o fecha posterior a la real. Según CIFRA, «al reducirse el costo de incumplir la ley, se desincentiva su cumplimiento efectivo, por lo que esta modificación tenderá a incrementar el empleo no registrado».

Facilidades para ocultar relaciones laborales: Se incorporan medidas que permiten enmascarar las relaciones laborales bajo formas que no implican relación de dependencia, como contratar empleados bajo la modalidad de colaboradores o contratos de locación. CIFRA alerta que esto promueve «una mayor precariedad de las relaciones laborales, con menos derechos». Tercerización laboral:  Se elimina la prohibición de contratar a través de empresas de servicios temporarios o agencias de colocación en el trabajo agrario, considerando a los empleados como parte de las empresas intermediarias y no de las que presten servicios.

Limitación del derecho a la acción colectiva: Se incorporan como motivos de despido acciones de los trabajadores en medio de un conflicto colectivo en la empresa, como bloqueos, tomas de establecimientos u obstrucción del ingreso o egreso. Funcionamiento de sindicatos: El artículo 84 excluye a las asociaciones sindicales como posibles denunciantes de la falta de registración de relaciones laborales, dejando esto solo en manos del trabajador. CIFRA sostiene que esta medida puede desincentivar las denuncias por falta de conocimiento, patrocinio legal o temor a represalias, y afecta el financiamiento de los sindicatos al reducir los aportes solidarios.

Licencia por embarazo: La legislación vigente otorga una licencia de 90 días por embarazo, que puede ser ajustada por la persona gestante. La reforma reduce la prohibición de trabajar a 10 días previos al parto. Empleo público: La reforma busca facilitar despidos masivos en la planta permanente del empleo público, modifica el procedimiento de disponibilidad y despido, y limita la participación de los trabajadores en concursos para acceder a cargos. También prohíbe tareas relacionadas con campañas electorales durante el horario de trabajo y limita el derecho a huelga al descontar la remuneración proporcional al tiempo no trabajado.