SALTA (Redacción) – Desde la detención de los tres hermanos Adrián Guillermo, Carlos Damián y Javier Nicolás Saavedra, el 20 de septiembre de 2023, la defensa, a cargo del abogado Marcelo Arancibia, mantuvo un fuerte reclamo para que la jueza Ada Guillermina Zunino, jueza de Garantías interviniente en la causa, haga lugar a una segunda pericia genética.
La estrategia del letrado no esconde secretos, pues apunta a debilitar la prueba de mayor peso contra sus clientes, en particular de Javier Saavedra, el único de los tres acusados que no pudo sacar de prisión. Los otros dos, en tanto, gozan del beneficio de arresto domiciliario.
El crimen de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en la casa que ocupaba junto a su marido, Nicolás Cajal, en el barrio San Nicolás, en Vaqueros. El asesinato fue atroz y, por su saña y el misterio que lo rodea, se convirtió en un caso de los denominados emblemático.
Es que después de dos años, la fiscalía, en ese entonces a cargo de Ramiro Ramos Ossorio, Gustavo Rubelt y Ana Inés Salinas Odorisio, avanzó con la detención de un vendedor ambulante, Horacio Vargas, como partícipe necesario del crimen y acusó penalmente al viudo por encubrimiento.
En el juicio, realizado a los dos años siguiente, en 2021, el tribunal de la Sala VII, conformado por los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Javier Armiñana Dohorman, absolvieron a ambos acusados, lo que desencadenó un papelón para la fiscalía, pues tuvieron más de dos años preso a un inocente, quien fue defendido en el debate, casualmente, por el abogado Arancibia, quien conoce el caso como la palma de su mano.
Un papelón mayor aún fue que, al año siguiente, la Corte de Justicia desestimó una apelación presentada por los fiscales, sencillamente porque se presentó fuera del plazo de tiempo establecido para el caso, lo que dejó en evidencia la poca profesionalidad de los fiscales.
Nueva investigación
En abril de 2023, en tanto, la Corte insistió en que la fiscalía reabra el caso en busca del o los asesinos de Jimena Salas, circunstancias en que se designó a un nuevo equipo de fiscales y de investigadores, quienes sorprendieron a los meses, con la detención de los hermanos Saavedra.
Lo más asombroso fue que uno de los acusados dio positivo en el cotejo genético, por lo que los fiscales gritaron ¡Bingo! La prueba parecía fulminante para los tres hermanos, en especial para su defensor, quien a paso de hormiga comenzó a pelear el caso, esta vez para probar la inocencia de los Saavedra.
En ese tren, avanzó a paso seguro e increíblemente logró sacar de la cárcel a dos de los hermanos, como así también debilitó prácticamente toda la carga probatoria de la fiscalía, con excepción del cotejo genético. A modo de antídoto, el letrado planteó una y otra vez una contraprueba en otro centro especializado.
Su pedido, sin embargo, fue planchado varias veces hasta que finalmente se dio respuesta. El juez del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, fue quien se encargó de rechazarle el pedido todas las veces que fue reclamado. Y, en todos los casos, no dijo que no de manera definitiva, sino alegó que dicha medida podría hacer más adelante.
El 2 de mayo pasado, el defensor volvió a reclamar la contraprueba ahora ante el juez Sangari, quien presidirá el segundo juicio que la fiscalía quiere llevar adelante para reponerse del papelón incurrido en el primer debate. Ante el nuevo reclamo por una contraprueba, el magistrado llamó nuevamente a la puerta del Tribunal de Impugnación.
¡Oh Casualidad! La resolución de este enésimo pedido, por sorteo, cayó en manos del juez Barrionuevo, quien ahora no tiene excusa para expedirse al respecto. Su decisión, obviamente, podría marcar un antes y después del caso, pues de hacerse un nuevo cotejo genético, la fiscalía corre el riesgo de perder su mejor “as”.
En la ciudad judicial, y dado su paso como fiscal fuertemente ligado al CIF, corre el rumor de que el magistrado demoraría su decisión el mayor tiempo posible, pues querría evitar darle la razón al defensor, sin embargo, no tendría fundamentos válidos para negarle dicha prueba, sin afecta el derecho de defensa.
Dada la reanudación de la actividad judicial, se espera que el camarista resuelva su posición al respecto, ya sea por la negativa o favor de que se haga el nuevo cotejo genético, decisión que podría retrasar aún más el juicio a los Saavedra.
