SALTA (Por Pablo Kosiner) – Claramente la noticia de los últimos días que acaparo la atención mayoritaria tanto de los medios de comunicación como del debate social, fue la denuncia de violencia de genero que formuló la ex primera dama Fabiola Yáñez en contra del ex presidente Alberto Fernández.
Sin lugar a dudas una circunstancia totalmente repudiable y que ha generado el rechazo y repulsión de la amplia mayoría de la población de nuestro país, y que además pone un condimento más a la paupérrima tarea del ex presidente de los argentinos que tiene como antecedente la tristemente recordada foto de la “fiesta de Olivos” durante la pandemia y una muy mala gestión al frente del gobierno nacional. Sumándose ahora, además, esta situación de violencia derivada de una investigación por eventuales hechos de corrupción vinculada al tema “seguros”.
Ahora bien, no han faltado voces que, amparándose en esta lamentable situación plantean el siguiente razonamiento: “de que valen el Ministerio de la Mujer y las políticas de género si quien las debiera promover a partir de su instalación es responsable de hechos de violencia en contra de su propia esposa”, y es aquí donde me quiero detener para dar este debate.
El problema no es que exista un Ministerio, u organismo que atiendan la ejecución de políticas públicas de género o en contra de la violencia de género o de asistencia a las víctimas. El problema es haber tenido un presidente violento.
El “bochorno Fernández” no debe servir al gobierno nacional para justificar el desfinanciamiento de todos los programas vinculados a esta temática producto de su reivindicado “ajuste fiscal”, y el hecho que la máxima autoridad de nuestro país este involucrado en una causa de violencia de genero fundamenta aun mas la necesidad de sostener y aumentar el volumen de las partidas al demostrar que es una circunstancia no ajena a cualquier realidad económica, política o social.
Existe hoy una realidad. Se encuentran desfinanciadas todas y cada una de las políticas publicas vinculadas a la prevención de la violencia de género y la atención a las víctimas. Esta situación esta siendo alertada por distintas organizaciones no gubernamentales.
Me quiero detener en un planteo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) mediante una acción judicial colectiva que exige al Poder Ejecutivo certezas, y allí expresan que: “El Gobierno Nacional viene utilizando un procedimiento confuso: anuncia cierres de organismos y desmantelamiento de políticas públicas por redes sociales que, luego, no se condicen con los actos administrativos que efectivamente realiza”, explicaron en un comunicado distintas organizaciones que hicieron una presentación ante la Justicia. “Mientras, se recortan los presupuestos, se reduce el personal a través de despidos masivos y se anuncia el cierre de espacios que todavía tienen la obligación de brindar asistencia”
Por eso, en esa presentación demandan “claridad sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido”.
En materia de ejecución presupuestaria, los programas que todavía estarían vigentes, según informes de ELA y ACIJ, “el presupuesto vigente (disponible para todo el año) es, en términos reales, un 62% más bajo que el de 2023”.
El programa Acompañar, que asiste a víctimas de violencia, sufrió un recorte del 79% en el primer cuatrimestre del año con respecto al año 2023 en lo que a ejecución presupuestaria se refiere y desde diciembre no se habrían incorporado nuevas víctimas de trata al programa.
El informe de las ONGs vinculadas a esta temática plantea que, en el caso de las partidas de género, “ese presupuesto fue incrementado nominalmente en un 33,4% durante el primer cuatrimestre. Sin embargo, con un aumento acumulado de precios del 64,9% en el primer cuatrimestre de 2024 y un nivel de inflación promedio esperado del 250% para todo el año, esta actualización resulta insuficiente. Ya se ha ejecutado casi la mitad del presupuesto anual disponible para las políticas de género, lo que subraya aún más la insuficiencia de los fondos actuales en comparación con el año anterior.”
En el caso de las políticas públicas vinculadas a acciones de ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios no se ha ejecutado presupuesto y los otros programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90%. En lo referente al gasto en infraestructura del cuidado, se advierte que la ejecución es casi nula.
He aquí la realidad concreta, no sirven las sobreactuaciones y falsas posturas.
Si realmente hay una preocupación por las cuestiones derivadas de la violencia de género, la que sufrió Fabiola Yáñez y las que sufren miles de mujeres y personas trans invisibilizadas en cada uno de sus micro climas sociales y territoriales, NO DESFINANCIEN LAS POLITICAS PUBLICAS Y EJECUTEN CON EFICIENCIA LOS FONDOS PRESUPUESTADOS.
Caso contrario será todo parte de una gran farsa.
