SALTA – Por Pablo Kosiner – El pasado 9 de Julio el gobierno nacional junto con la mayoría de los gobernadores provinciales firmaron el llamado “Pacto de Mayo“ al cual en su momento definí desde estas mismas columnas como un “contrato de adhesión con clausula extorsiva”, haciendo mención que a cambio de la aprobación de la “ley bases” y la no derogación del DNU 70/23, el gobierno nacional se comprometía a ir liberando recursos a las provincias, más allá de los puntos que allí se acordaban que lejos estaban de ser objetivos “altruistas “sinceros.
Ahora bien, a dos meses de firmado ese acuerdo tenemos en el acumulado del año una caída interanual habría sido del 14%, a lo que se debe agregar que en los meses de julio y agosto las transferencias totales automáticas a provincias y CABA habrían caído un 18,5% real interanual, teniendo en cuenta coparticipación, leyes complementarias y compensaciones.
Estos números que son el resultado del informe emitido por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal con Datos de DNAP Y Ministerio de Economía, contrasta abiertamente con el punto número 6 del Pacto firmado en la Casa Histórica de Tucumán que establecía “La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias.”
No solo en estos dos meses no se ha notado un solo avance el diseño de un sistema de coparticipación diferente, sino que además objetivamente se ha dado una profundización del carácter centralista del modelo económico que agregado a la actualidad recesiva de la economía y la caída de la actividad generan menos recursos a las provincias, sin la reactivación de la inversión en infraestructura.
En flagrante contradicción con lo prometido a los gobiernos provinciales, en estas ultimas horas el actual secretario de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmo frente a empresarios en una reunión con la Fundación Mediterránea que “la obra pública no vuelve más”.
En el mismo mes que se firmó el “Pacto de Mayo” la caída de los recursos remitidos a las provincias es consecuencia directa del mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias (-24% real interanual) y de la recaudación de IVA (-11,7% real interanual). En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una caída real interanual del 16,7%.
En el acumulado de los primeros 7 meses del año de la suma de estos tributos, la variación real habría sido negativa en un 9,4%. La recaudación de ganancias habría caído un 6,4%, en línea con lo sucedido en los últimos años. La recaudación de IVA de agosto habría tenido un incremento real del 1,3% respecto a julio, mientras que en tres de los cuatro años anteriores el mes de agosto también había tenido mayor recaudación que julio.
En agosto de 2024, el gobierno Nacional remitió al consolidado de provincias más CABA $3.746.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el impacto inflacionario del mismo período, esto se traduce en una baja real del 18,5% interanual, la coparticipación (transferencias automáticas menos leyes especiales y compensaciones) registra una caída de un 18,7% real interanual.
En el acumulado al octavo mes del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $25.208.000 millones, que se traduciría en una caída real interanual del 14% al descontar la inflación del período.
A todo esto debemos agregar que en las últimas horas, el gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, a la postre también suscriptor del mencionado pacto abusivo, denunció que mediante dos “Decisiones Administrativas”, las 858/24 y la 861/24 del Ministerio de Economía de la Nación le quitaron 47.000 millones de pesos a las provincias para remitir a CABA en materia de coparticipación en lo que el mandatario santiagueño define como “otro ataque artero al federalismo, una burla al resto del país”.
Entonces, lamentablemente se va confirmando lo que en algún momento desde este espacio se advertía, que el llamado “Pacto de Mayo” no tenía otra intencionalidad que buscar consolidar posiciones de poder para el presidente y condicionar a los gobiernos provinciales con una metodología que iba a profundizar el manejo discrecional de recursos y una recesión económica que además disminuye la percepción de ingresos producto de la actividad económica. Lejos estaba de pretender construir un debate sobre las políticas públicas necesarias para el país a efectos de adoptar un rumbo de crecimiento y desarrollo,
A esta grave situación además se debe agregar el nuevo índice de pobreza del 52% de la población y la indigencia al 17,9% en el primer semestre 2024, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Estas cifras representan un aumento significativo frente al 41,7% y 11,9% registrados por el Indec en 2023, y son los valores más altos desde 2004.
Claramente las provincias frente a esta grave situación deberían ahora construir un poder político conjunto e instalar una agenda parlamentaria que impulse medidas contra cíclicas que favorezcan a una distribución mas justa de los ingresos y la reactivación de las inversiones públicas en materia de infraestructura para generar más actividad económica. Caso contrario las prestaciones de los servicios esenciales cada vez se harán más difíciles. Mucho pacto pocas nueces.
