SALTA (Redacción) – La última vez que Patricia Bullrich visitó Salta se negó a reunirse con el intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez. Detrás de dicha persona recae una acusación por supuesto entorpecimiento en una causas en la que se lo investigan por asociación con el narcotráfico. El diputado Germán Rallé reconoció que es una situación grave y los diputados analizan la situación.
Ante todo esto, ayer ingresó al Poder Legislativo el pliego escrito del procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, donde se informa el panorama general de Aguas Blancas. En dicho trabajo se pide la colaboración de los poderes del Estado Provincia tras la imputación por delitos de entorpecimiento de acto funcional y violación de secretos..
Por eso es que Rallé reconoció que “la situación es delicada, la documentación ingresó a última hora a la Cámara y la evaluaremos”. De esta manera, el diputado dialogó con Aries y aclaró que tras analizar el escrito se brindará una opinión al respecto. Eso sí, admitió que a la vista está comprobado que se trata de hechos graves. Además, “es un tema que pone en jaque la situación institucional”.
Una de las cuestiones más llamativas del informe del Procurador es que los allanamientos solicitados estaban asociados con la investigación de la muerte del hermano del intendente. El mismo se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en su domicilio por orden de un juez provincial. De aquí se explica la “gravedad” previamente mencionada por Rallé.
Otros delitos que recaen sobre el intendente
Por lo intendente, el diputado de General Güemes recordó que Carlos Alfredo Martínez tiene otro antecedente penal. En ese caso por el delito de transporte de estupefacientes, la cual se dictó el 10 de diciembre del 2013 por el Tribunal de Orán. Además, se encuentra imputado por lavado de activos con un auto procesamiento por el juzgado federal de Santiago del Estero.
En definitiva, García Castiella pone al tanto de la situación.a los legisladores provinciales. “Siguiendo los lineamientos establecidos como política criminal persecutoria del crimen organizado, a fin de que el mismo no pretenda afianzar raíces en la zona norte de nuestro territorio, efectuar las alertas necesarias para que las instituciones puedan poner en funcionamiento las prevenciones legislativas y de toda índole que ameriten proceder, para garantizar y asegurar el normal desarrollo constitucional de las instituciones de la Provincia, en este caso, el funcionamiento del Poder Ejecutivo Municipal”, dice el comunicado.
