SALTA (Redacción) – En el marco del juicio seguido a los cuatro acusados, el juez Francisco Mascarello de la Sala 7 del Tribunal de Juicio halló culpables a todos los acusados. Víctor Hugo García, María Alicia Delia y Miriam Rosana Renfijes, por el delito de peculado y Elva Rosa Sutara, por hurto.
Como consecuencia de ello, el juez condenó a García a una pena de dos años y seis meses de prisión condicional; Delia y Renfijes fueron condenadas a dos años de prisión condicional. Los tres fueron, en tanto, quedaron inhabilitados de forma perpetua para ocupar cargos públicos. Sutara, por su parte, fue condenada a un año y seis meses de prisión, también de ejecución condicional.
El caso llegó a juicio de la mano de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), quien encabezó una investigación que se inició a partir de una denuncia del apoderado legal del Hospital San Bernardo.
En su alegato, la fiscal había pedido penas de tres años de prisión condicional para García y Sutara; dos años y seis meses para Delia; y dos años para Renfijes, a la vez que requirió la inhabilitación perpetua de los cuatro acusados para ejercer cargos públicos.
Los acusados, como se informó, trabajaban en el hospital, tres de ellos en el sector de Farmacia, mientras que Sutara, lo hacía en calidad de enfermera en el área de la guardia. Todo salto, cuando de una inspección interna se detectó el faltante de medicamentos a partir de una maniobra llevada adelante por los imputados.
Tras la denuncia, la fiscalía llevó adelante allanamientos en las viviendas de los acusados, circunstancias en la que se secuestraron numerosos elementos médicos, entre ellos insumos y medicamentos. Por otra parte, y a raíz del entrecruzamiento de datos entre los informes de Stock y Logística del Hospital San Bernardo y los objetos secuestrados, se estableció la maniobra delictiva.
Previo al veredicto, la fiscal revalidó su acusación. Afirmó que el accionar ilícito de los cuatro imputados resultó en detrimento del estado provincial, pues se afectó el patrimonio con un perjuicio específico, pues el hospital perdió medicamentos que no fueron prescriptos correctamente.
Protocolos
Dijo que, en los primeros meses del 2022, se advirtió el faltante de medicamentos, como así también que dichos fármacos salieron sin cumplir los protocolos. Explicó que el hospital provee medicación a pacientes internados y ambulatorios a través de la Farmacia Central y la Farmacia de Guardia.
Al formalizar la acusación penal, la fiscalía indicó que los principales responsables de la maniobra fraudulenta eran los tres empleados de la farmacia, mientras que la enfermera fungía más como partícipe necesario de la maniobra.
En el debate, la fiscal explicó que, entre otras modalidades, el nosocomio dispensa a sus pacientes internados y ambulatorios medicación indicada por receta por los profesionales tratantes a través de dos lugares: la Farmacia Central de la cual sale la medicación para todo el sector de los internados del hospital y la Farmacia de Guardia, que provee medicación para los pacientes que se encuentran internados o concurren para atención ambulatoria en la guardia de emergencias.
Este protocolo, sin embargo, se vio alterado, pues en enero del 2022, dos médicos oftalmólogos advirtieron en las historias clínicas digitales inconsistencias entre los medicamentos entregados y la patología del paciente, lo que encendió la alarma de las áreas superiores del hospital.
Se pudo establecer que, de manera habitual, tres usuarios (a cada empleado se le asigna una clave única e intransferible) de Farmacia habrían extraído los medicamentos faltantes. Los usuarios serían un hombre -que trabaja como Técnico en la Farmacia Central ubicada en el interior del Hospital-, y dos mujeres que se desempeñan en la Farmacia de Guardia.
En paralelo, surgió que una enfermera -que se desempeña en la Guardia y que mantiene una relación sentimental con el empleado de Farmacia- habría cooperado en la actividad, ya que la mayoría de los pacientes con registros irregulares son personas que fueron asistidos por el sector en el que se desempeña.
La enfermera, al ser imputada por su participación delictiva, optó por prestar declaración, circunstancias en la que negó la acusación, sin embargo, la fiscalía avanzó con la causa penal en su contra en razón de las pruebas reunidas en su contra.
