Seguinos

Hola, ¿qué estás buscando?

Elintra.com.arElintra.com.ar

Salta

La Corte Salteña avaló la constitucionalidad para tratar la ley de Ficha Limpia

El órgano máximo del Poder Judicial de la Provincia reafirmó que quienes cuenten condenas y con sentencia firme en segunda instancia, no podrán ser candidatos a cargos provinciales o municipales.

Después de tanto revuelo en el Congreso de la Nación por la cantidad de bajas para dar quórum y así tratar el proyecto de ley «Ficha Limpia», en Salta, la Corte de Justicia se expidió a favor de la constitucionalidad de dicho documento para las elecciones, en donde cada candidato que tenga una condena o sentencia firme, no podrá tener una candidatura tanto desde lo provincial como desde lo municipal.

La determinación de esta decisión se basó en que la acción de inconstitucionalidad contra la ley de Ficha Limpia había sido promovida, entre otros argumentos, donde se señalaba que dicha idea jurídica violaba el principio de cosa juzgada y el principio de inocencia. Aunque desde los magistrados tomaron notoriedad por una decisión que valida a este proyecto.

Por ello, la norma cuestionada, sostiene en su artículo 1 que: “No podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia por el plazo que dure la condena y la mitad más del tiempo de su duración, computado a partir del momento en que el tribunal de segunda instancia dicte la sentencia confirmatoria”.

La Corte de Justicia de Salta recordó que las restricciones establecidas por la norma tienen como objetivo constitucional proteger las instituciones políticas. Estas medidas buscan resguardar la integridad ética del proceso electoral, garantizando a la ciudadanía la posibilidad de elegir a candidatos que cumplan con las condiciones éticas y jurídicas necesarias para desempeñar los mandatos que se les confieran.

Además, los jueces destacaron que la idoneidad para ejercer cargos públicos no se limita a la capacidad técnica, sino que también abarca principios éticos y morales. La normativa, en este sentido, pretende asegurar que quienes aspiren a cargos de responsabilidad pública posean los valores éticos imprescindibles para cumplir, entre otras especificaciones, con sus funciones.