(SALTA).- La situación institucional de La Merced volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la Corte de Justicia de Salta dispusiera una medida cautelar vinculada con el juicio político iniciado contra el intendente Javier Wayar. Frente a esta decisión, la concejal Mónica Berruezo aseguró que el procedimiento no está necesariamente terminado y anticipó que el Concejo Deliberante presentará sus argumentos ante el máximo tribunal.
En declaraciones a N10, la edil explicó que la resolución judicial debe interpretarse como una suspensión temporal mientras se analizan los planteos presentados por la defensa del jefe comunal. “Esto es una cautelar”, remarcó, y rechazó que la medida implique automáticamente la caída del proceso. “No quiere decir que esto está caído”, afirmó.
Según Berruezo, el juicio político se encuentra contemplado en la Carta Orgánica Municipal, aprobada en 2018. Sin embargo, explicó que su implementación requería una ordenanza reglamentaria que estableciera el procedimiento. De acuerdo con su relato, los intentos anteriores de sancionar esa norma fueron vetados por el Ejecutivo municipal, hasta que el Concejo logró insistir con su aprobación y publicación en junio de este año.
El procedimiento contra Wayar comenzó formalmente el 1 de julio, con la conformación de una comisión investigadora y la apertura de las actuaciones correspondientes para garantizar el derecho de defensa del intendente.
La concejal sostuvo que la medida cautelar llegó cuando la investigación ya había concluido y se aproximaba el vencimiento del plazo previsto. También señaló que el intendente había cuestionado la reglamentación ante la Corte desde el comienzo del proceso.
Las denuncias contra Wayar y el reclamo de los vecinos
Berruezo explicó que el juicio político contempla una instancia de investigación destinada a determinar si las denuncias reúnen elementos suficientes para justificar el avance del procedimiento. Por ese motivo, evitó anticipar conclusiones sobre la responsabilidad del jefe comunal.
Entre los planteos mencionó reclamos vinculados con la prestación de servicios municipales y la presunta falta de asistencia ante situaciones de inundación. También hizo referencia a observaciones atribuidas a la Auditoría, que, según indicó, abarcarían períodos desde 2020.
La concejal destacó la existencia de una presentación respaldada por alrededor de 700 firmas vecinales y otra con unas 40 adhesiones, además de una denuncia impulsada por un integrante del Concejo Deliberante. No obstante, aclaró que la admisión de esas presentaciones permitió habilitar la investigación, pero no implica que las irregularidades denunciadas estén probadas.
Berruezo también se refirió a otra causa judicial que, según explicó, el Concejo Deliberante sigue desde 2020 y que está relacionada con presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos.
De acuerdo con la versión expuesta por Berruezo, el intendente fue imputado en 2022 y el expediente avanzó posteriormente por distintas instancias procesales. La edil indicó que en abril de este año se resolvieron planteos de sobreseimiento y que, según su interpretación, quedaron firmes pruebas que permitirían avanzar hacia un juicio oral y público.
“Sentar precedente”: la postura de Berruezo
Al referirse al papel del Concejo Deliberante, la edil sostuvo que los procedimientos institucionales deben servir para establecer responsabilidades cuando corresponda, más allá de las diferencias políticas.
“No se trata de Juanito de los Palotes o de Petiquito. Se trata de sentar precedente a los que son administradores de municipio de que tal cosa trae consecuencias”, expresó. La concejal también diferenció el juicio político de las causas judiciales vinculadas con el fallecimiento de Tomás Alancay, el niño de cinco años que murió tras ser atropellado por una camioneta vinculada al intendente y conducida por un empleado.
Sobre ese caso, pidió respetar el proceso de la familia y su decisión respecto de la difusión pública de la información. “Los dueños del dolor y de la pérdida”, manifestó al referirse a los familiares, y remarcó que se trata de un expediente distinto del procedimiento que tramita en el ámbito legislativo.
Por ahora, la medida cautelar de la Corte mantiene abierto un escenario de incertidumbre institucional en La Merced. Mientras el máximo tribunal analiza los cuestionamientos contra la reglamentación del juicio político, el Concejo Deliberante prevé defender la legalidad del procedimiento y aguardar una definición sobre los pasos que podrán seguirse contra Wayar.
