SALTA – A una semana de la fuerte actividad judicial retomada en torno a la investigación penal que busca determinar qué pasó con María Cash, desaparecida el 8 de julio de 2011, para esa jornada y las siguientes, el Juzgado Federal 2, a cargo del caso, deberá resolver dos pedidos de sobreseimiento, otro de excarcelación y/o arresto domiciliario. Por otra parte, también deberá ultimar los detalles para iniciar los rastrillajes a la vera de la ruta 16 lo más pronto posible.
Uno de los pedidos de sobreseimiento fue presentada por la defensa del abogado, Carlos Enzo Cuellar, quien fue imputado hace dos semanas por el delito de falso testimonio e interrupción de una investigación judicial por haber afirmado que vio a Cash en una fecha y hora que, según los peritos, fue descartada debido a que la geolocalización de su teléfono celular lo ubicaba en otro lugar.
Como se dio a conocer, Cuellar había declarado que el 8 de julio de 2011, día en que desapareció María Cash, la había visto a las 16.30 en la ruta 9/34 a la altura de la gruta de la Difunta Correa, versión que le daba credibilidad al relato del camionero Romero, quien sostuvo que la había dejado en ese sector.
El letrado aseguró que, ese día, circulaba de General Güemes a Salta con un familiar, cuando se detuvieron en la Difunta Correa y vieron a la diseñadora, pero al declarar por separado, tanto el abogado como su padre, no coincidieron en algunos detalles de la vestimenta y aspecto de la joven. Pero lo más contundente fue que la pericia en torno a sus teléfonos celulares, lo ubicaban lejos de la ruta, por lo que se estableció que mintieron.
Al ser acusados, Cuellar optó por no declarar y, dado que se trata de un delito con un mínimo de pena excarcelable, se fue caminando del juzgado. Ahora, su defensa reclamó que el abogado sea sobreseído, pues el falso testimonio tiene una pena máxima de 10 años, y siendo que ya pasaron 13 años del hecho, corresponde que se dicte la prescripción y su sobreseimiento.
Respuesta social y política
Otro pedido similar, en tanto, fue presentado por el abogado Fernando Díaz, en favor del camionero Héctor Romero, detenido y acusado de matar con alevosía a Cash. Además de ello, solicitó que su cliente sea liberado, o bien, sea beneficiado con el arresto domiciliario.
En este caso, el defensor sostuvo que la declaración indagatoria que brindó Romero al ser imputado “zanjaron” todas las dudas que había en cuanto a las versiones que la fiscalía tenía. Por otra parte, le resto valor a la acusación fiscal, la cual adjudicó a la necesidad de brindar una “respuesta social y política” ante un hecho emblemático y de enorme trascendencia.
En cuanto al pedido de excarcelación y arresto domiciliario, y como argumento principal, sostuvo que Romero atraviesa un delicado tratamiento médico por un diagnóstico de cáncer que le fue prescripto, por lo que su situación de salud, con sus 71 años, es bastante delicada y ameritan estar fuera del encierro que sufre desde el martes pasado.
Estos planteos, tanto en favor del camionero como del abogado, será analizados y resueltos esta semana por la jueza federal, Mariela Giménez, quien ya le corrió vista de ambos pedidos al fiscal general, Eduardo Villalba, quien deberá expedirse si comparte o no con lo requerido por las defensas.
A todo esto, desde el juzgado y la fiscalía se trabaja a contrarreloj para iniciar lo más rápido posible los rastrillajes en busca de dar con el cuerpo de Cash, tarea que se coordina con las autoridades del Sistema Federal de Búsqueda, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si no surgen inconvenientes, se espera comenzar con los mismos entre el martes o miércoles. Cabe señalar que, previo a ello, se debe realizar un análisis de todo el perímetro a cubrir, a fin de poder establecer la cantidad de personal y recursos necesarios, como vehículos, drones, perros y hasta un helicóptero, si se requiere.
