SALTA – Por Pablo Kosiner – Al momento de firmarse el llamado “Pacto de Mayo”, el presidente Milei justificó la necesidad del mismo para poner fin al “modelo extorsivo que padecen las provincias”. Teóricamente ese acuerdo era el comienzo para avanzar en un nuevo sistema de distribución más justo y equitativo respecto los estados provinciales.
Sin embargo, meses después de la firma de ese pacto y a un año de mandato de la gestión nacional, encontramos como única realidad que gran parte del ajuste fiscal sobre el que el presidente monta el discurso de su extraordinario superávit es justamente la privación de los legítimos recursos de las provincias.
No sólo, el gobierno nacional incumplió el compromiso con los gobiernos provinciales de iniciar la discusión sobre un nuevo sistema de coparticipación, el cuál nunca estuvo en su agenda, sino que además profundizó el ajuste sobre los fondos no automáticos que se remiten a las provincias, y frente a la caída de la actividad económica se afectaron los recursos coparticipables a partir por ejemplo de la disminución del impuesto a las ganancias y el IVA.
Todo esto, en el marco de una situación inédita en los tiempos de democracia. Un gobierno que va a ejecutar un presupuesto prorrogado de dos años anteriores, inflación y partidas obsoletas mediante. El gobierno de Milei no ha generado ningún marco de diálogo parlamentario para tener su presupuesto, ni ha convocado a sesiones extraordinarias para lograrlo.
La falta de aprobación de un nuevo presupuesto para 2025 en Argentina ha llevado a la prórroga del presupuesto de 2023, otorgando al Poder Ejecutivo una considerable discrecionalidad en la asignación de fondos. Según estimaciones, el gobierno nacional podría disponer de entre 25 y 33 billones de pesos para administrar de manera discrecional.
Esta situación se deriva de la ausencia de una ley de presupuesto actualizada, que permite al Ejecutivo manejar una porción significativa de los recursos sin la supervisión parlamentaria habitual. La prórroga del presupuesto de 2023 implica que las partidas y asignaciones se mantienen según lo establecido en ese año, pero ajustadas por la inflación y otras variables económicas. Sin embargo, la falta de un nuevo marco presupuestario otorga al gobierno mayor flexibilidad para redistribuir fondos según sus prioridades.
Es importante destacar que esta discrecionalidad en la asignación de recursos puede generar tensiones con las provincias y otros actores políticos, ya que la distribución de fondos podría no seguir los criterios previamente establecidos. Además, la ausencia de un presupuesto actualizado dificulta la planificación y ejecución de políticas públicas a largo plazo, afectando potencialmente la eficiencia y eficacia del gasto público.
En resumen, la prórroga del presupuesto de 2023 para el año 2025 otorga al gobierno nacional argentino una significativa capacidad para administrar discrecionalmente entre 25 y 33 billones de pesos, lo que plantea desafíos en términos de transparencia, control parlamentario y equidad en la distribución de los recursos públicos.
Las provincias argentinas dependen en gran medida de las transferencias de recursos de origen nacional, que en promedio representan alrededor del 70% de sus ingresos totales.
En octubre de 2024, se observó una caída del 5,1% en términos reales de estos recursos, y lleva acumulado, en lo que va del año, una poda de casi 80% en este tipo de envíos a las arcas provinciales.
El ajuste ha llevado a una reducción del 86% en la inversión en obras públicas, paralizando proyectos esenciales para el desarrollo regional y afectando negativamente al empleo en el sector de la construcción entre otros.
La sostenibilidad de las finanzas provinciales dependerá en gran medida de su capacidad para generar recursos propios y de la gestión eficiente de sus presupuestos en un contexto de menores transferencias nacionales.
Si bien el ajuste fiscal busca estabilizar la economía nacional, sus repercusiones en las provincias son significativas, afectando la inversión pública, el empleo, los servicios esenciales y la calidad de vida de los ciudadanos. Es fundamental que el gobierno nacional vuelva a colocar en su agenda a las provincias y las convoque a trabajar conjuntamente para mitigar estos efectos y encontrar un equilibrio que permita el desarrollo sostenible de todas las regiones del país.
