SALTA – Si existe un escenario donde la baja calidad institucional se exhibe sin pudor, ese es sin dudas la Auditoría General de la Provincia, un organismo que esta semana mutó en un reality show de insultos cruzados. Las alfombras de ese cuerpo de control se han transformado en un cuadrilátero donde sus integrantes y exintegrantes se tiraron con todo lo que tenían a mano, dinamitando cualquier vestigio de credibilidad técnica. El espectáculo, tan bochornoso como hipnótico, demostró que allí dentro hace rato dejaron de auditar cuentas para dedicarse exclusivamente a ajustar cuentas personales.
El centro de todas las miradas y de la gran mayoría de los insultos es Gustavo Ferraris, quien hasta hace apenas una semana era el presidente de este circo criollo sin carpa, un personaje inefable e inoxidable que parece tener más vidas que un gato callejero. Su triste celebridad no es nueva, ya que los memoriosos lo recuerdan por su paso estelar por la Secretaría de Seguridad durante la era de Juan Carlos Romero, un período que tuvo su clímax de dramatismo en la recordada noche de las tizas. Aquella jornada de furia oficialista terminó con docentes molidos a palos en la Plaza 9 de Julio, en lo que solo puede definirse como un fallido y brutal seminario de negociación gremial al aire libre.
Por aquel noble hecho, que en cualquier república sensata merecería un sumario y no un ascenso, Ferraris fue premiado por su jefe con un alto cargo en la Corte de Justicia de Salta, ese lugar donde habitualmente se imparte justicia pero a veces también se premia la lealtad canina. Los pasillos del Palacio de Tribunales lo cobijaron hasta 2016, año en que aterrizó con su prolífica mochila de anécdotas en la Auditoría General, sillón que ocupó con total comodidad hasta la semana pasada. Hoy corren rumores espesos, de esos que huelen a café en la Casa de Gobierno, asegurando que desde algún sector del saencismo le prometieron un regreso triunfal en un par de semanas, un plan que sus excompañeros están saboteando con fervor.
El elenco original de esta comedia de enredos estaba compuesto por cinco integrantes, un quinteto que parecía salido de un casting de realismo mágico político en lugar de un organismo fiscalizador. Gustavo Ferraris representaba con fidelidad al romerismo, mientras que Budi Esper llegaba por el Senado provincial, Elsa Pereyra Maidana por el PRS y el biellismo, Marcos Segura Alsogaray por el kirchnerismo y Javier Cancinos completaba la formación. Hoy el cuerpo funciona rengo con solo tres miembros porque los dos primeros cesaron en sus cargos, en un desenlace que parece más una purga palaciega que un recambio institucional ordenado y prolijo para el bien común.
Budi Esper aterrizó con suavidad, como corresponde a un hombre de buenos reflejos, cobrando actualmente en el Ente Regulador de los Servicios Públicos, un destino que suena a premio consuelo bastante llevadero y calentito. Gustavo Ferraris, en cambio, está experimentando la ingrata y novedosa sensación de tocar puertas sin que nadie quiera recibirlo en ninguna área del Estado, un ostracismo temporal que debe resultarle un calvario burocrático. Llevaba hasta la semana pasada treinta años viviendo de un cargo público, un récord de supervivencia administrativa que ni las cucarachas nucleares podrían igualar con tanto estilo y desparpajo.
Las últimas semanas fueron una guerra de declaraciones donde Ferraris y Pereyra Maidana se tiraron con una artillería verbal que hubiera hecho sonrojar a un estibador del puerto en un mal día. El ex presidente llamó vagos a sus excompañeros, un diagnóstico psicosocial que seguro no figura en ningún manual de control público, mientras que Pereyra Maidana contraatacó acusándolo de apretador serial y de tener serias dificultades para moverse en un cuerpo colegiado. La funcionaria añadió que Ferraris casi no iba a trabajar, una costumbre que no llama la atención en quien lleva tres décadas orbitando en cargos públicos, y que nombró un montón de parientes y amigos en cargos inexistentes solo para que cobren un jugoso salario.
La magnitud del papelón obligó al jefe de gabinete Sergio Camacho a salir a intentar poner paños fríos, en una misión diplomática tan ingrata como inevitable que no logró apagar el fuego ni silenciar los reproches. Su intervención, breve y casi decorativa, fue como pretender esconder un megaincendio forestal detrás de un bonsái recién regado, un gesto protocolar que naufragó entre reproches y silencios incómodos. El resultado fue tan predecible como desolador para las finanzas públicas de la provincia que este organismo se supone debe cuidar con celo monacal y absoluta rigurosidad.
Nadie cree en la Auditoría ni en sus integrantes, una confesión popular que ya es vox populi en cada café céntrico y en cada sobremesa familiar donde se habla sin micrófonos, un triste consenso que vuelve inútiles todos los informes que emiten. Entre ellos mismos se dinamitaron el prestigio, la poca autoridad moral que les quedaba y hasta las ganas de simular que están controlando algo más serio que su propio ombligo, porque nada serio puede salir de allí dentro. El daño reputacional ya está hecho y es tan profundo que ni la mejor cirugía reconstructiva de imagen política podría disimular las cicatrices de esta trifulca sin sentido.
En los próximos días el Poder Ejecutivo deberá enviar dos pliegos para cubrir las vacantes, una responsabilidad que tiene en vilo a la dirigencia política y en estado de alerta a los amantes del espectáculo institucional. Se menciona a Pérez Estrada por La Libertad Avanza y a Raúl Medina o Matías Cánepa por el oficialismo, nombres que suenan en las quinielas de pasillo y que prometen nuevos capítulos para este interminable cabaret. Habrá que esperar para ver si el recambio trae auditores con ganas de trabajar o si, por el contrario, estamos ante la segunda temporada de una serie que ya tuvo demasiados episodios fallidos y pocos contribuyentes dispuestos a seguir pagando la entrada.
