SALTA – Un verdadero escándalo se avecina a Salta. Greenpeace, la organización ecologista que trabaja y lucha por el medioambiente, denunció al gobierno de Gustavo Sáenz de atentar contra los bosques nativos. Cuestionó la autorización para desmotar más de 700 mil hectáreas. Lo grave es que el proyecto ya fue aprobado desde la Legislatura de Salta.
Cabe remarcar que las organizaciones socioambientales y comunidades originarias denuncian que la ley presentada por el Ejecutivo provincial fue tratada de forma exprés y sin haberse realizado el proceso de consulta previa, libre e informada que establece la ley.
Al respecto, la abogada de las comunidades indígenas, Mara Puntano expresó: “Si se destruye el monte se pierde la biodiversidad, se eliminan especies nativas y es causa de la muerte de niños wichí por deshidratación y desnutrición”.
La Ley de Bosques (26.331) marca tres colores en los mapas provinciales de ordenamiento territorial: verde, donde se permite la deforestación; amarillo, donde se permite pero sujeta a la aprobación de la autoridad de aplicación; y rojo, que indica las tierras que tienen un “muy alto valor de conservación y no deben transformarse“.
Gustavo Sáenz en la mira de la organización
En este punto, el nuevo ordenamiento en Salta establece un cuarto color (amarillo oscuro), que identifica una nueva zona para habilitar desmontes, llamada “Área de Producción y Conservación”. En el mapa, esa zona cuenta con un punto verde (en el que podría deforestarse) pero cuya ubicación catastral no queda definida en la ley que impulsa Gustavo Sáenz.
Ante esto, la letrada explicó que “se irá identificando en dicha categoría a medida que se vaya definiendo la misma a nivel predial, como así también su remanente, que se incorporará a la Categoría II (amarillo)”. Es decir que hay zonas boscosas que no quedan debidamente identificadas para su conservación.
Con respecto al proyecto, denuncian que, con esta ley, el Ejecutivo provincial, a cargo de Gustavo Sáenz, busca validar los desmontes ilegales ya realizados. “Este proyecto promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia”, explicaron.
