SALTA – El sistema público de salud quiere recaudar fondos y es por eso que buscan embargar las cuentas bancarias de las obras sociales por una deuda de 100 mil millones de pesos. Tal como lo comentó el ministro de salud Federico Mangione, intentan recuperar los costos de atender a pacientes que tienen obra social, pero van al hospital por falta de pagos en las clínicas privadas.
El número de 100 mil millones de pesos anuales es sorprendente en medio de esta polémica, es por eso que decidieron utilizar herramientas digitales como SAFESA, un programa para el control de la historia clínica digital y para agilizar los cobros por cada atención médica. La obra social más morosa sería Osprera, un servicio para empleados rurales que no solo debe dinero, sino que también no quiere arreglar con el Estado.
Mangione mencionó que entre el 40% y 45% de personas que son atendidas en los hospitales, poseen obra social. Este número, que aumenta constantemente, implica gastos enormes para el sector público y evidencian la falta de pago por parte de las obras sociales hacia las clínicas privadas, logrando que los afiliados tengan que recurrir a los hospitales. “Estamos usando insumos destinados a personas carenciadas para atender a pacientes que tienen obra social y que deberían estar siendo atendidos por el sistema privado”, sentenció Mangione.
Ante la necesidad de reponer los gastos implicados, es que el sector público impulsado por el ministro Mangione, decidió iniciar acciones legales en contra de las obras sociales. Se inició con demandas judiciales y se planea avanzar con el embargo de las cuentas bancarias.
Este suceso es bastante grave teniendo en cuenta que las obras sociales fueron uno de los sectores que más aumentaron las tarifas durante la crisis económica. Los afiliados son claramente perjudicados debido a que no sólo pagan cuotas imposibles de sustentar, sino que además tienen que atenderse en hospitales, ya que en muchos casos no se les cubre la atención privada.
