SALTA – El escándalo por estafas realizadas por la agencia Siddartha en Salta, continúa. La fiscalía solicitó la prisión preventiva para las hermanas Maigua y el juzgado decidió dar lugar al pedido. Las dueñas de la agencia de viaje se encuentran detenidas por 13 caos de estafas relacionadas a la venta de paquetes turísticos.
Este caso despertó un gran malestar en los salteños debido a la estafa a decenas de personas que quisieron contratar paquetes de viajes turísticos. Las hermanas Maigua están imputadas desde pocos días de haber empezado la investigación y hoy se confirmó la prisión preventiva. Las pruebas contra las dueñas de la agencia Siddartha serían contundentes y podrían enfrentar la prisión luego de un caso que generó controversia y enojo en muchos salteños.
La prisión preventiva había sido solicitada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y fue confirmada por el Juzgado de Garantías 2 luego de una audiencia. Las hermanas Maigua se encuentran imputadas por el delito de 13 casos de estafas y ese número podría aumentar.
La fiscalía decidió intervenir desde que empezaron a realizarse las denuncias hacia la empresa turística. Fue la misma fiscalía quien pidió la imputación de las acusadas y también la prisión preventiva. Podrían haber hasta 50 personas afectadas por el hecho y habrían perdido millones de pesos.
El caso de las estafas de Siddartha
La agencia de viaje dirigida por María Carlota y Ana Inés Maigua, están acusadas de estafar a decenas de salteños que buscaban realizar viajes turísticos. La empresa había sido documentada sobre la solicitud de quiebra preventiva pero igual seguía ofreciendo los paquetes y también le seguía cobrando a sus clientes. Estos clientes no pudieron realizar nunca sus viajes y tampoco fueron reembolsados.
La empresa se encontraba imposibilitada de realizar los viajes pero aún así le seguía cobrando enormes sumas en dólares a sus clientes, todo mediante engaños y falsa publicidad. La millonaria suma que recibieron de sus clientes, fue secuestrada por la fiscalía y se las devolverían a los damnificados una vez finalizado el proceso legal. Este hecho marca un precedente sobre la necesidad de controlar este tipo de actividades comerciales para evitar futuras estafas.
