SALTA – En la jornada de ayer, el presidente Javier Milei cumplió con lo que había prometido: designó en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Esta acción generó un enorme rechazo por parte de la oposición. En este sentido, desde el bloque de Unión por la Patria expresaron su malestar, y particularmente, el senador Sergio Leavy lamentó la “impunidad” con la que gobiernan los hermanos Milei.
“Y en el operativo para desviar la atención de los problemas que atraviesa el país, hoy el Gobierno de Javier Milei decide nombrar Jueces de la Corte Suprema a dedo. Pura impunidad. Desde el Bloque de Unión por la Patria en noviembre del año pasado nos comprometimos a rechazar las designaciones por decreto de cualquier Juez. Otro atropello en nombre de la «libertad», libertad que solo ejercen los hermanos Milei”, lanzó, furioso, Leavy.
Cuando explotó el escándalo de las criptomonedas y dejó a Javier Milei en el centro de la polémica, el exintendente de Tartagal no dejó pasar la oportunidad de manifestarle su disconformidad con la forma de gobernar el país. “Mientras recordamos en el Senado la proeza de la Batalla de Salta le pedí al Presidente Javier Milei que no entregue la soberanía”.
Y en el operativo para desviar la atención de los problemas que atraviesa el país, hoy el Gobierno de @JMilei decide nombrar Jueces de la #CorteSuprema a dedo. Pura impunidad.
— Sergio Oso Leavy (@ElOsoLeavy) February 25, 2025
Desde el Bloque de Unión por la Patria en noviembre del año pasado nos comprometimos a rechazar las… https://t.co/AE8bjTu7ZN
“Que haga honor a lo que hicieron estos héroes y que deje su vida de influencer para hacerse cargo de la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos. Y no solo para algunos que se benefician con las especulaciones económicas y financieras que están sosteniendo”, dijo Sergio Leavy.
Se sabe que Sergio Leavy considera el caso como una «estafa con una criptomoneda trucha». Por eso, mediante su cuenta de X, afirma que «el caso $Libra encuadra dentro de las previsiones del art. 265 del Código. Penal: “Negociaciones incompatibles con la función pública”.
