SALTA – Luego de algunos incidentes en el interior de Salta, el Ministerio de Educación decidió tomar medidas judiciales contra quienes toman escuelas. Esto se da luego de episodios conflictivos en escuelas de Alto La Sierra y San Antonio de los Cobres.
Ayer un grupo de caciques decidió tomar la escuela Rosario Vera Peñaloza de Alto La Sierra acusando a una docente por actos discriminativos contra los alumnos de la comunidad. Hoy el conflicto escaló cuando un grupo de mujeres Wichí atacó a la docente. Según algunas fuentes, el verdadero motivo tendría que ver con que la mujer no es originaria de la comunidad.
El violento episodio empeoró aún más cuando se produjo un enfrentamiento campal entre padres de la comunidad en la puerta de la escuela. Debido al incidente se suspendió nuevamente el inicio de clases. La toma finalizó debido a que la supervisora Patricia Choque envió a un oficial de la policía para informar que la docente sería trasladada.
Otro caso de toma ocurrió en la Escuela Hogar N° 4661 «Carlos Guido Spano» de San Antonio de los Cobres, donde la supervisora Carmen Rosa Virrios sigue negociando con los padres para solucionar el conflicto. El reclama se debe al deteriorado estado de las instalaciones que cuentan con baños con filtraciones, humedad en las paredes, techos rotos y vidrios destrozados.
El Ministerio de Educación tomará medidas judiciales
Pese a que al menos en Alto La Sierra lograron iniciar las clases y finalizar con el conflicto, desde el Ministerio de Educación están evaluando judicializar los conflictos relacionados con tomas y protestas. Esto sería una sugerencia del Gobierno nacional. A su vez, se investigará a los involucrados en estos casos que dificultaron la vuelta al cole en el interior provincial.
Otro asunto que se debe resolver de manera urgente, tiene que ver con las designaciones de docentes en el interior, algo que viene ocasionando conflictos en distintos municipios desde hace unos meses. Tampoco hay que dejar de lado el mal estado de las escuelas que terminan traduciéndose en inseguridad para los estudiantes, docentes y personal administrativo.
