SALTA – (Por Diego Nofal) Durante las últimas semanas, hemos estado sacando una serie de informes que daban cuenta de varias personalidades de la política, del periodismo, del ámbito empresarial y hasta algunos parientes de funcionarios, que recibían un salario en la administración pública y, en principio, no cumplían ninguna función. Los nombres eran varios, pero resaltaban el de Emiliano Durand, intendente de la Capital salteña y el de Cristina Macchi Solá de Demitrópulos, esposa del coordinador de Gobierno y principal asesor de Gustavo Sáenz, Nicolás Demitrópulos.
El inicio de la investigación
Toda esta investigación se inició cuando encontramos, entre los registros de Anses y de la Secretaría de Trabajo, que la esposa de Nicolás Demitrópulos, Cristina Macchi Solá de Demitrópulos, figuraba como empleada del Senado de la provincia y del Centro Cívico Grand Bourg. Pudimos corroborar que al menos en el Poder Legislativo, nadie la conocía o la había visto jamás.
En este caso el delito sería muy fácil de identificar, puesto que quien la nombró, ya sea en el Senado o en el Poder Ejecutivo sabía perfectamente que ella no iba a ejercer el cargo que se le estaba otorgando. Y también ella cuando recibió esa imposición, sabía perfectamente que no iba a cumplir ninguna tarea. Es decir que ambas partes conocían o deberían haber sabido que estaban siendo parte de un acto simulado.
Los delitos que habría cometido Cristina Macchi
En este caso, tanto ella como quien la nombró, estarían incurriendo en un fraude contra la administración pública, violando el artículo 253 del Código Penal, del título de los Delitos contra la Administración pública, dónde está establecida una “multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales”.
Pero si, además, el funcionario que la nombró recibió algo a cambio de ese nombramiento, estaríamos ante lo que se conoce como exacciones ilegales. El actual Código penal, reprime con «prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco, al funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrare mayores derechos que los que corresponden”
Emiliano Durand y otras personas implicadas
Recordemos que, no fue la única persona que se encontró en esta situación, también estaban Matías Rodríguez Messina, coordinador de prensa de la Municipalidad y hermano de Juan Pablo Rodríguez Messina, el periodista Diego Comba, la periodista Guadalupe Biella Calvet, los socios de Emiliano Durand, Marcos Javier Illesca, Marina Soler Carmona, el secretario legislativo y dirigente, Gastón Galíndez y el exeditor de Qué Pasa Salta y jefe de Gabinete municipal Juan Manuel Chalabe.
Con respecto a todos ellos, si quien los nombró sabía que no iban a cumplir con sus tareas o, sabiendo que no las cumplían, no hizo nada para denunciarlos, estaría incumplimiento el artículo 248 que establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
El peculado de Qué Pasa Salta
Uno de los delitos en los que podrían estar involucrados tanto Emiliano Durand como otros funcionarios de la Administración pública, es el de peculado. Un delito que tiene una pena de hasta 10 años. El artículo 261 del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
Hace mucho tiempo se rumorea en el mundo periodístico, que el diario Qué Pasa Salta se armó pagándole a los periodistas con contratos estatales. Algo que específicamente está establecido como un delito en el artículo 261 que acabamos de transcribir. De confirmarse, en caso de que algún fiscal quisiera investigarlos, estaríamos hablando de uno de los delitos con penas más graves entre los que incluyen faltas contra la administración pública.
¿Investigarán a Gustavo Sáenz y Emiliano Durand?
Hasta ahora que es abrumadora la cantidad de pruebas que se han presentado en estos informes, ningún fiscal de la provincia se ha animado en avanzar con una investigación que podría complicar a varios funcionarios de primera línea del gobernador Gustavo Sáenz y de Emiliano Durand.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
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