SALTA (Diego Nofal).- Una vez más, Salta vuelve a ser escenario de una denuncia tan grave como sistemáticamente ignorada. El Intra Salta ha revelado la existencia de una alarmante cantidad de empleados ñoquis tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado provincial. Personas que figuran en las planillas de pago del Estado pero que jamás cumplen funciones reales. Esta práctica, aunque repudiada por la sociedad, sigue siendo una constante en el entramado político salteño. Lo más grave es que, pese a la contundencia de las pruebas, ni la Justicia provincial ni Gustavo Sáenz han dado señales de iniciar investigaciones o sumarios administrativos.
El gobernador Gustavo Sáenz ha preferido mirar hacia otro lado. Su silencio y pasividad ante la corrupción estructural en el Estado provincial resulta tan elocuente como preocupante. No se trata solo de negligencia, sino de una clara falta de voluntad política para cortar con privilegios que benefician a una casta enquistada en el poder. Resulta insostenible que, mientras miles de salteños luchan día a día por llegar a fin de mes, desde las alturas del gobierno se mantenga a personas que cobran sin trabajar, muchas veces con sueldos muy por encima de la media.
Uno de los casos más paradigmáticos y vergonzosos es el del actual intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand. Durante 17 años fue un empleado ñoqui en la Cámara Alta, cobrando sin prestar servicio alguno, pese a presentarse públicamente como un empresario exitoso e independiente. El cinismo de esta situación es absoluto. No solo se benefició del dinero público sin trabajar, sino que además utilizó ese tiempo para construir una imagen política basada en el mérito y el esfuerzo personal. Un engaño a la ciudadanía en toda regla.
El contraste con otras provincias es inevitable. En Entre Ríos, por ejemplo, al descubrirse una situación similar, el gobernador actuó con firmeza y decisión: despidió a los empleados involucrados. Es decir, utilizó las herramientas del Estado para defender la transparencia y la legalidad. Esa actitud contrasta dolorosamente con la apatía institucional que reina en Salta, donde el poder parece sentirse más cómodo con la impunidad que con la justicia. ¿Por qué en una provincia sí se puede y en otra no?
La respuesta es tan evidente como desalentadora: en Salta, la mayoría de los empleados ñoquis tienen vínculos directos con funcionarios, dirigentes o punteros políticos. Son parte del aparato que sostiene al poder. Investigar o sancionarlos implicaría dinamitar los cimientos sobre los que se construye la política tradicional en la provincia. Es una red de favores, de lealtades compradas y silencios pactados. Por eso nadie se atreve a encender la luz en un cuarto lleno de sombras.
Este comportamiento no solo daña las arcas del Estado, también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Cada ñoqui que cobra sin trabajar es una burla para el docente que enseña en condiciones precarias, para el médico que trabaja sin insumos, para el policía que arriesga su vida mal remunerado. Es una herida abierta que la dirigencia se niega a cerrar. Y mientras el gobernador Gustavo Sáenz siga sin actuar, será cómplice de una estafa permanente a todos los salteños.
Es tiempo de exigir rendición de cuentas. El pueblo de Salta merece saber quiénes cobran sin trabajar, por qué lo hacen y quiénes los apañan. La transparencia no puede seguir siendo una palabra vacía en discursos de campaña. Si el gobierno no limpia la casa, alguien más deberá hacerlo. Porque ya no alcanza con indignarse: hay que actuar.
