SALTA – Una vez más, la prensa de Salta se ve obligada a defenderse de un nuevo embate por parte de la política. Quien tuvo la maravillosa idea, entiéndase el sarcasmo, de armar un registro obligatorio de comunicadores, fue el polémico Gustavo Orozco. Como era de esperarse, hubo cientos de críticas hacia la iniciativa.
La iniciativa lanzada por Orozco, establece que solo podrán inscribirse en el registro quienes cuenten con títulos terciarios o universitarios en carreras afines. Tales como Comunicación Social, Periodismo, Publicidad, Locución, Diseño en Comunicación Visual, entre otras.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Gobierno o el organismo que este designe, y los profesionales registrados tendrían responsabilidad legal sobre los contenidos que validen. Es decir, tendrá el control un funcionario del gobierno de Gustavo Sáenz. O algún periodista que responda estrictamente a él.
También se prevé la posibilidad de percibir honorarios por esta tarea, además de sanciones administrativas y económicas para quienes difundan campañas sin cumplir con este régimen. Un acto explícito de censura es lo que significa el proyecto de Gustavo Orozco.
Los fundamentos de Gustavo Orozco
Orozco advierte que, sin embargo, “existe una preocupante ausencia de regulación respecto al ejercicio profesional de la comunicación, permitiendo que personas sin formación adecuada diseñen, implementen y difundan contenidos de relevancia pública”.
Expresa que esa circunstancia “no solo afecta negativamente la calidad y ética de los mensajes emitidos, sino que también perjudica directamente a quienes han invertido tiempo y recursos en formarse profesionalmente en áreas como comunicación social, periodismo, publicidad, locución, y disciplinas afines”. Apunta que ” el proyecto busca establecer un marco legal que reconozca formalmente a los profesionales en comunicaciones.
