SALTA (Por Diego Nofal) – El final del verano no solo trajo consigo el calor sofocante de la llanura chaqueña, sino también una tragedia que dejó al descubierto la indiferencia histórica del poder hacia los pueblos originarios. Las inundaciones en Rivadavia, el Chaco salteño y las zonas aledañas al río Bermejo arrasaron con viviendas, cultivos y esperanzas. Las comunidades indígenas, guardianas ancestrales de esos territorios, lo perdieron todo. Pero lo que siguió fue aún más revelador: la ayuda del gobierno de Gustavo Sáenz y del Estado nacional llegó a cuentagotas, cuando llegó. A fines de marzo, una nota de El Intra Salta retrató la crudeza de la desatención, líderes de las comunidades denunciaron que ni un grano de arroz había llegado a sus manos. La promesa de auxilio se la llevó el agua del torrentos Bermejo que los dejó sin nada.
Pero el desdén no terminó ahí. En paralelo a la emergencia, se intentó avanzar con una ley para visibilizar los crímenes de odio, en particular los sexuales, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y comunidades indígenas. La respuesta de la Legislatura fue previsible: crear una comisión. Como ironizaba Juan Domingo Perón, «si querés que algo no avance, crea una comisión». La medida, lejos de ser un paso hacia la justicia, parece un gesto vacío, un trámite burocrático para silenciar demandas urgentes. Las víctimas, una vez más, quedaron en el limbo de las prioridades políticas.
Ahora, con las elecciones legislativas en el horizonte, el gobierno de Gustavo Sáenz, que ignoró el clamor de las comunidades en su hora más crítica y diluyó sus reclamos de justicia en laberintos institucionales, pretende buscar su apoyo en las urnas. Es un cálculo tan cínico como ingenuo. Las comunidades indígenas de Salta no son ajenas a la memoria. Por siglos han resistido, preservado su cultura y transmitido sus historias de generación en generación. La desidia de un gobierno que los abandonó en medio del lodo y el dolor no se borrará con promesas efímeras ni folletos de campaña.
Estas comunidades saben que su fuerza no reside en el reconocimiento ocasional de un poder que solo los recuerda en época de votos, sino en la cohesión de su identidad. La indiferencia estatal no es un acto aislado: es la continuación de un patrón de exclusión que data de siglos. Pero también conocen el peso de su presencia, aunque algunos prefieran negarla.
El próximo 11 de mayo, podría ser un reflejo de esa conciencia colectiva. No se trata solo de castigar con el voto, sino de cuestionar un sistema que normaliza el abandono. Tal vez muchos opten por no ir a votar, no por apatía, sino como un acto de dignidad: negarse a legitimar a quienes los han tratado como ciudadanos de segunda. O, quizás, decidan organizarse para exigir respuestas desde otros espacios.
Lo cierto es que el río Bermejo, testigo silencioso de su resiliencia, seguirá fluyendo. Y con él, la memoria de un verano en el que el Estado les falló. Las comunidades indígenas no olvidan. Y en esa memoria, hay una lección política que ningún discurso de campaña podrá borrar.
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