SALTA (Diego Nofal) .- La provincia de Salta, gobernada por Gustavo Sáenz desde 2019, ha sido una de las más beneficiadas por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante su mandato. Según datos oficiales, fue la tercera jurisdicción que más fondos recibió bajo este concepto. En total, ingresaron más de 12 mil millones de pesos a las arcas provinciales. La pregunta que hoy se hacen muchos salteños, sin embargo, es inevitable: ¿Dónde está ese dinero?
Porque si uno recorre Salta no se ve un correlato entre los fondos extraordinarios recibidos y la calidad de vida de sus habitantes. En materia salarial, los trabajadores estatales han sido particularmente golpeados. Las paritarias fueron escasas, magras y, en muchos casos, no llegaron a cubrir ni el 50% de la inflación acumulada. La pérdida del poder adquisitivo fue palpable y progresiva. Lo que se esperaba como una ayuda financiera en un contexto adverso, terminó esfumándose sin dejar huellas claras.
Por otra parte, el panorama de la obra pública es desolador. No se observan avances significativos en infraestructura, pese a los anuncios de Sáenz. Las denuncias por el deterioro de escuelas y hospitales se multiplican. Una situación particularmente alarmante fue expuesta por la candidata Oriana Nevora, quien afirmó que, en el hospital de Tartagal, al norte de la provincia, los pacientes deben llevar su propio alcohol y gasas si pretenden ser atendidos. Esta denuncia, lejos de ser una anécdota aislada, refleja una crisis estructural en el sistema de salud salteño.
Gustavo Sáenz no da respuestas
Tampoco hubo un fortalecimiento del aparato estatal. La planta de trabajadores públicos no creció, ni se reforzaron áreas críticas como salud, educación o acción social. Entonces, ¿a dónde fue a parar ese flujo millonario de ATN?
Algunas voces apuntan a que parte de ese dinero podría haberse destinado a reemplazar anticipos de obras que el gobierno nacional anterior entregó a la provincia. Obras que, cabe aclarar, nunca comenzaron. Se habla de anticipos que ya fueron gastados y que ahora deben ser compensados de alguna manera. Esta posibilidad pone en evidencia una gestión poco transparente y desordenada de los recursos públicos.
Más llamativo aún es que gran parte de los ATN llegaron en un año electoral. El calendario político y los flujos de dinero parecen haber coincidido con sospechosa precisión. No sería de extrañar que esos fondos terminaran siendo utilizados para apuntalar campañas, financiar actos proselitistas o alimentar una red de propaganda oficialista. Después de todo, tampoco se conocen con claridad los montos que recibe la prensa vernácula alineada al gobierno. La pauta oficial sigue siendo una caja negra en Salta, donde los medios críticos sobreviven a pulmón mientras los oficialistas florecen sin mayores explicaciones.
Falta de todo
La falta de rendición de cuentas, la opacidad en el uso de los recursos y la ausencia de obras tangibles obligan a la ciudadanía a exigir respuestas. En un contexto de ajuste nacional y crisis económica, cada peso que llega desde la Nación debe ser cuidadosamente invertido en beneficio de la población, y no dilapidado en fines políticos o tapando agujeros de gestiones fallidas.
Gustavo Sáenz debe explicar qué hizo con los 12 mil millones de pesos de ATN. No se trata de una acusación infundada, sino de una demanda legítima de una sociedad que sufre carencias básicas mientras observa cómo los recursos, lejos de mejorar su realidad, se evaporan en las sombras del poder.
