SALTA (Diego Nofal) .- En una democracia republicana, la independencia de los poderes es un principio sagrado. Sin embargo, en Salta, ese principio parece haberse convertido en letra muerta bajo la gestión del procurador general Pedro García Castiella. Quien actúa menos como un garante de la ley y más como un funcionario leal al gobierno de Gustavo Sáenz. Su negativa sistemática a investigar casos emblemáticos que, involucran a exfuncionarios y aliados políticos no solo socava la credibilidad de la Justicia provincial. Sino que también envía un mensaje peligroso: en Salta, algunos están por encima de la ley.
Uno de los escándalos más flagrantes es el de Cristina Macchi Solá de Demitrópulos, esposa del coordinador de Gobierno Nicolás Demitrópulos. Macchi Solá figura en dos cargos públicos: uno en el Senado y otro en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, según testimonios y evidencias periodísticas, nunca se la ha visto cumplir funciones en ninguno de los dos lugares. Se trata de un claro caso de empleo «fantasma». Para no decirle ñoqui que es la terminología adecuada, una práctica que debería desencadenar una investigación inmediata por malversación de fondos públicos. Sin embargo, el silencio de la Procuraduría es ensordecedor.
Otro caso que huele a impunidad es el del intendente Emiliano Durand. Quien durante 17 años figuró como empleado público sin prestar servicios efectivos por más de tres años. La falta de acción de Pedro García Castiella ante semejante irregularidad no solo legitima el despilfarro de recursos, sino que normaliza la corrupción como método de gestión en la era Gustavo Sáenz.
Pero quizás el más escandaloso de todos es el de Verónica Saicha, exsecretaria de Justicia, quien habría sido sorprendida cometiendo un hurto en un local comercial de San Lorenzo. Lo grave no es solo el presunto delito, sino que, según investigaciones de El Intra Salta, al menos dos funcionarios públicos habrían tenido conocimiento del hecho y omitieron denunciarlo, violando así su obligación legal. García Castiella, en lugar de actuar de oficio, optó por mirar hacia otro lado.
La doble moral de Pedro García Castiella
Resulta llamativo que el mismo procurador que aseguró hace meses que había una «conspiración carcelaria» para asesinarlo hoy no pueda garantizar ni siquiera la seguridad básica en las cárceles salteñas. El reciente homicidio de un interno en el penal de Villa Las Rosas demuestra que, más allá de sus declaraciones alarmistas, su gestión en materia de seguridad penitenciaria ha sido ineficaz.
¿Por qué Pedro García Castiella muestra tanto celo en denunciar amenazas contra su persona y tan poco interés en investigar casos de corrupción que involucran a funcionarios del oficialismo? La respuesta parece obvia: porque en la práctica, actúa como un ministro más del gobierno dentro del Poder Judicial.
Un peligro para la seguridad jurídica de Salta
Tener a un procurador general que opera como un actor político antes que como un custodio de la ley es un golpe mortal a la seguridad jurídica de la provincia. Los salteños merecen una Justicia imparcial, no un aparato de protección para los poderosos. Si García Castiella no está dispuesto a investigar con independencia, debería dar un paso al costado. La impunidad no puede ser la moneda corriente cuando se administra el erario público.
