SALTA – (Diego Nofal).- ¿Qué está pasando en esta provincia? .¿qué es lo que evita que ante denuncias de delitos tan claros, como el de Verónica Saicha, la justicia intervenga? Debería actuar, al menos, para conocer si existió ese delito y qué motivos llevaron a que este delito no llegue a la Justicia. A menos que el procurador general Pedro García Castiella haya intervenido personalmente para que estos delitos no se investiguen no se explica el porqué está negativa a avanzar judicialmente.
El Intra Salta ha publicado varias investigaciones. La mayoría de ellos develando delitos que son muy claros. Pero, en ese caso, involucraban a los miembros más altos de la política provincial. A menos que algún organismo político esté dándole órdenes de manera directa al procurador general para que estos delitos no se investiguen, el que está cometiendo un delito es él.
Hoy el fuero Judicial local era un hervidero con la noticia de que Verónica Saicha habría robado algunas cosas de un local de San Lorenzo, que sería el Almacén del Emprendedor, los abogados que caminaban por los pasillos de tribunales se reunían en cada esquina a mencionar este tema inclusive varios de ellos hablaron de la posibilidad de presentar una denuncia contra el fiscal general por inacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Cómo puede ser que un fiscal general, como Pedro García Castiella, un hombre respetado dentro del ámbito jurídico haya tenido tanta celeridad para iniciar la investigación sobre dos videos de Tik Tok. Ese mismo fiscal hoy no mueve ni un dedo para saber si estas denuncias son reales. Y lo que todos nos preguntamos es por qué pasa esto, quién está presionando la Justicia y y cómo se puede vivir en un lugar donde para algunos hay garrote y para otros siga, siga
Antecedentes que Pedro García Castiella no ve
El intendente capitalino Emiliano Durand quedó en el ojo de la tormenta luego de que una investigación develara que dos socios suyos en el diario Qué pasa Salta, el editor general de ese medio y una de las periodistas tenían contratos con el estado. Según el informe, algunos de esos contratos tenían 20 años de antigüedad. Recordemos también que hace una semana El Intra Salta develó que el jefe comunal que se presentaba como un empresario llevaba 17 años como empleado de la administración.
Toda esta investigación se inició cuando encontramos entre los registros de Anses y la Secretaría de Trabajo que la esposa de Nicolás Demitrópulos, Cristina Macchi Solá de Demitrópulos, figuraba como empleada del Senado de la provincia y del Centro Cívico Grand Bourg. Pudimos corroborar que en al menos en el Poder Legislativo nadie la conocía o la había visto jamás.
La provincia del Siga, Siga
En este caso el delito sería muy fácil de identificar, puesto que quien la nombró, ya sea en el Senado o en el Poder Ejecutivo sabía perfectamente que ella no iba a ejercer el cargo que se le estaba otorgando. Y también ella cuando recibió esa imposición sabía perfectamente que no iba a cumplir ninguna tarea. Es decir que ambas partes conocían o deberían haber sabido que estaban siendo parte de un acto simulado. Pero Pedro García Castiella no hizo ni dijo nada.
En este caso, tanto ella como quien la nombró estarían incurriendo en un fraude contra la administración pública, violando el artículo 253 del Código Penal, del título de los Delitos contra la Administración pública, dónde está establecida una “multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales”.
