SALTA – (Diego Nofal).- El próximo 11 de mayo, Salta definirá su futuro en las urnas. Sin embargo, la carrera electoral parece menos una contienda de ideas que un reflejo del dominio absoluto del gobernador Gustavo Sáenz. La mayoría de los candidatos responden a su órbita, consolidando un escenario donde la autonomía política brilla por su ausencia. Muy pocos espacios se animan a plantarse como una verdadera alternativa, y muchos otros simulan independencia mientras responden, en los hechos, a la lógica del oficialismo.
Pero más preocupante que el control del aparato político es el motor que hoy impulsa a quienes buscan un escaño: ya no es la vocación de servicio, la honorabilidad o el compromiso social. La política salteña se ha transformado en un terreno donde las ambiciones personales y los cálculos económicos pesan más que cualquier proyecto colectivo.
hoy solo existen dos motivaciones para ocupar un escaño legislativo. El primero es el servilismo, asegurar que la última etapa de Gustavo Sáenz transcurra sin obstáculos, blindando su gestión mediante legisladores dóciles, dispuestos a aprobar sin chistar cualquier iniciativa oficial. Lejos de ser un contrapeso institucional, el Legislativo corre riesgo de convertirse en una mera escribanía del Ejecutivo. El segundo factor es el interés económico. Según datos oficiales, a febrero de 2025, los senadores provinciales perciben un salario neto de $4.100.000, mientras los diputados cobran $3.700.000 (sin incluir aumentos posteriores). Son cifras exorbitantes en una provincia donde el 40% de la población lucha por cubrir necesidades básicas y donde el desempleo y la precarización laboral son moneda corriente.
Este panorama revela una profunda crisis de representación. La «vocación económica» y el afán de complacer al poder han reemplazado el deber de trabajar por el bien común. Muy pocos pueden afirmar hoy que su prioridad es la ciudadanía. La pregunta es inevitable: ¿estos candidatos aspiran a legislar o a garantizar prebendas? ¿Buscan mejorar la vida de los salteños o simplemente asegurarse su porción de privilegios?
En un contexto donde la desconfianza ciudadana crece día tras día, urge transparentar no solo los ingresos de los funcionarios, sino también sus vínculos con el poder real y sus agendas ocultas. La falta de debates serios, las listas armadas a dedo y la falta de proyectos concretos para resolver los problemas estructurales de la provincia son señales claras de un sistema político enfermo, donde la renovación es solo estética.
Salta merece una política que trascienda los cálculos mezquinos. Urge recuperar la dignidad de lo público y exigir a quienes postulan que su ambición sea, al menos, proporcional a su compromiso con la provincia. El voto no debe premiar la sumisión ni la codicia, sino la integridad, la coherencia y la verdadera vocación de servicio. La sociedad debe cuestionar: si los salarios millonarios son el principal imán, ¿qué queda para quienes ven en la política un instrumento de transformación social?
La respuesta está en las urnas. Solo un electorado consciente, exigente y comprometido podrá romper este círculo de complicidades. Solo el ciudadano, con su voto, puede exigir líderes y no mercenarios. Salta necesita más que políticos: necesita representantes de verdad.
