SALTA (Diego Nofal).- En lo que va del año, la Cámara de Diputados de Salta, compuesta por 60 legisladores que cobran $3.700.000 cada uno, ha demostrado una productividad vergonzosa: apenas 10 proyectos de ley tratados, de los cuales solo 4 fueron generados por los propios diputados. El resto fueron iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Es decir, con salarios millonarios, los representantes del pueblo no han sido capaces de presentar ni sancionar leyes con la eficiencia que deberían exigirles los contribuyentes que los mantienen.
Pero el problema no se limita a la escasa labor legislativa. La Cámara de Diputados salteña opera bajo un manto de opacidad absoluta. Su página web no permite conocer cuánto trabaja realmente cada diputado, cuántos proyectos presentó, ni siquiera cuántos asesores tiene cada uno. Se trata de uno de los organismos más costosos del Estado, y sin embargo, la información sobre su funcionamiento es un secreto bien guardado.
Hace dos días, el legislador Gustavo Orozco denunció a la diputada Griselda Galleguillos por tener parientes designados en la Cámara. Sin embargo, sin registros públicos ni transparencia, es imposible corroborar estas acusaciones, y la Justicia tampoco puede avanzar en una investigación. Este caso no es aislado. Según una investigación de Intra Salta existen numerosos empleados en el Poder Legislativo que figuran en la planilla de empleados sin prestar servicios reales.
Uno de los ejemplos más escandalosos es el de Cristina Macchi Solá de Demitrópulos, esposa del coordinador de Gobierno, Nicolás Demitrópulos, quien aparecía como empleada sin cumplir funciones. También está el caso del intendente de la capital, Emiliano Durand, quien fue empleado del Senado provincial durante seis años, aunque solo trabajó dos. Estos hechos revelan un sistema clientelar y obscuro, donde los cargos parecen repartirse como favores políticos en lugar de asignarse por mérito o necesidad real.
¿Diputados, para qué les pagamos? Legisladores que no legislan
Ante las críticas, muchos diputados se defienden argumentando que realizan «otras tareas» además de legislar. Pero la realidad es que los ciudadanos no les pagan para hacer política partidaria, dar entrevistas o repartir cargos entre familiares y amigos. Les pagan para sancionar leyes que mejoren la vida de los salteños, algo que claramente no está sucediendo.
El Gobierno de Gustavo Sáenz tampoco escapa a esta lógica de secretismo. La Cámara de Diputados oculta sus números: no se sabe cuántos empleados tiene, cuánto gasta en publicidad oficial ni qué proyectos presentó cada legislador. Solo conocemos una cosa con certeza: sus sueldos millonarios, que contrastan con su pobre desempeño.
Es inaceptable que, en un contexto de crisis económica y recortes en áreas esenciales, los diputados de Salta cobren fortunas por un trabajo que no realizan. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero, quiénes son los empleados del Legislativo y qué hacen exactamente sus representantes.
Es hora de exigir, transparencia total, publicación de nóminas de asesores, proyectos presentados y gastos en publicidad. Explicaciones claras sobre por qué no se generan más leyes. Que la justicia pueda actuar ante denuncias de nepotismo y empleados fantasmas.
Los salteños merecen una Cámara de Diputados que trabaje, no que solo cobre. Si los legisladores no cumplen, deberían renunciar o reducir sus salarios a la altura de su escaso rendimiento. El dinero público no es un botín: es el sudor de quienes esperan, al menos, un mínimo de seriedad en quienes dicen representarlos. Durante estos dos meses los Diputados se llevaron 444 millones de pesos en salarios para sancionar solo 10 leyes y producir apenas cuatro, es decir que los Salteños pagaron más de 40 millones de pesos por cada ley, un papelón para una provincia que está en crisis.
