SALTA.- (Por Renato Ocampo) Mientras la ciudad de Salta parece crujir bajo el peso de problemas estructurales que desvelan al vecino común, el Concejo Deliberante nos ofrece, con la parsimonia de quien tiene el tiempo a su favor, un nuevo despliegue de su Orden del Día Nº 07/26 para la sesión de este 22 de abril. Es una coreografía de la intrascendencia, un ejercicio de microgestión que, bajo una formalidad legislativa, parece ignorar que el pulso de la calle late a un ritmo muy distinto al de sus despachos.
La jornada comienza con una muestra al letargo tan propia del cuerpo: la conformación de la comisión del Defensor del Pueblo, una resolución nacida del seno de la comisión de Labor Parlamentaria que viene demorada desde el año pasado para realizar la elección del próximo funcionario en ese puesto.
En esa misma línea de resoluciones que buscan tapar con parches los baches de una gestión mayor, nos encontramos con la preocupación de la concejala María Florencia León, quien solicita medidas por un supuesto envenenamiento de mascotas en el barrio Grand Bourg. Noble causa, sin duda, para un club de protección animal, pero quizás algo estrecha de miras para un cuerpo legislativo de la capital.
Por su parte, el concejal Gustavo Farquharson parece haber decidido que su legado será la señalética y el asfalto puntual, solicitando reductores de velocidad en la esquina de Necochea e Ibazeta, además de semáforos en las intersecciones de Mendoza con Buenos Aires y Córdoba con Gabino Blanco. Es una laboriosidad casi microscópica la de Farquharson, que se extiende hasta la gestión de recorridos de transporte, donde se une a José García para pedir que el corredor 3E de SAETA se digne a ingresar al barrio El Círculo III.
Mientras tanto, la concejala Camila Fernanda Lobo Quiroga, en un gesto político absurdo y sin efecto alguno, eleva un pedido a los legisladores nacionales para que gestionen recursos ante el Ejecutivo Nacional; un ruego al cielo centralista para que la Municipalidad pueda seguir funcionando. ¿De verdad creerá que a algún legislador nacional le importa lo que ella pueda decir?
Para cerrar este apartado de la «gestión de lo pequeño», Malvina Gareca nos regala un despliegue de eficiencia administrativa al recomendar el archivo de diversas actuaciones en la comisión de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad, despejando los estantes de lo que ya no parece importar.
En el escaso terreno de las ordenanzas, la ambición no es mayor. El único proyecto es del concejal m.c. José Albornoz, retomado hoy por Gonzalo Nieva, que pretende establecer sentidos únicos de circulación en los pasajes de los barrios Hernando de Lerma y Villa Soledad. Realmente un cambio histórico y determinante para la ciudad.
Sin embargo, el punto más revelador y doloroso de la jornada es, sin dudas, el extenso capítulo dedicado a la condonación de deudas. Aquí es donde la realidad golpea la puerta del recinto con una fuerza que las resoluciones sobre semáforos no pueden contener. La incapacidad de los sectores más vulnerables y de las instituciones benéficas para afrontar la asfixiante presión impositiva de la ciudad queda expuesta en cada expediente. Es un desfile de pedidos de misericordia fiscal.
Mientras tanto, la realidad golpea a la ciudad
El Hogar San Vicente de Paul y la Asociación de Amigos del Niño Aislado (ADANA) se ven obligados a pedir que se les perdone el pago de la Tasa General de Inmuebles, el Impuesto Inmobiliario y la Tasa de Protección de Personas y Bienes. Cuando las instituciones que deben suplir las ausencias del Estado no pueden pagarle al propio Estado, la señal de alarma debería ser ensordecedora. Pero la lista sigue bajo la firma de Camila Lobo y Laura García, quienes informan sobre una legión de contribuyentes que ya no pueden costear ni siquiera el derecho a un nicho en el cementerio o las tasas básicas de limpieza, mantenimiento y alumbrado. Esta avalancha de expedientes de condonación no es una muestra de generosidad legislativa, sino el síntoma de una ciudad donde los impuestos se han vuelto un lujo inalcanzable para quienes apenas sobreviven.
Ver a nuestros representantes discutir la ubicación de un reductor de velocidad mientras las instituciones de caridad y los vecinos ruegan por no ser ejecutados fiscalmente, nos habla de una desconexión elegante pero peligrosa. En esta nueva sesión no descubrimos nada nuevo, pero se reafirma a cada semana que están allí para “hacer la plancha” y ahora también para condonar deudas a sectores que ellos mismos han perjudicado por autorizar sin contemplaciones, los desmedidos incrementos de tasas e impuestos municipales.
