SALTA – (Diego Nofal).- Hoy las comunidades originarias se manifiestan en el Gran Bourg, no para evitar que se explote el litio, no para defender el agua, sino para pedirle a Gustavo Sáenz que la riqueza de los salteños se quede en Salta.
La Puna salteña se asienta sobre uno de los tesoros más codiciados del siglo XXI: el litio, ese “oro blanco” que impulsa la transición energética mundial. Sin embargo, en Salta, la abundancia de este recurso no se traduce en bienestar. La pobreza afecta a más del 40% de su población y los beneficios de la minería apenas se perciben en la vida cotidiana de sus habitantes.
La razón no está en la falta de recursos, ni siquiera en la avaricia de las empresas, sino en la incapacidad del gobierno de Gustavo Sáenz para administrar con seriedad y transparencia un modelo minero que, lejos de generar desarrollo, reproduce desigualdades históricas.
En teoría, Salta había comenzado a construir un modelo virtuoso de minería: articulación entre empresas, Estado y comunidades. Pero ese esquema ha sido progresivamente destruido. Hoy impera el desorden institucional, la connivencia con intereses particulares y una preocupante opacidad en el manejo del sector. El Registro de Proveedores Mineros, por ejemplo, se ha convertido en una puerta giratoria para empresas sin arraigo real en la provincia, mientras firmas con trayectoria local son desplazadas por “fantasmas” que simulan localía con complicidad oficial. Las comunidades lo denuncian y los hechos lo confirman: se está desmontando un modelo que priorizaba el desarrollo territorial por otro que privilegia a pocos actores cercanos al poder.
Minería de cafetería
Uno de los síntomas más claros del mal manejo es el retorno de los llamados “mineros de café”. Estos operadores no extraen ni producen, pero consiguen zonas de exploración —muchas veces gracias a contactos dentro de la Secretaría de Minería— para luego subarrendarlas a empresas reales. Son intermediarios que viven del recurso sin aportar nada al desarrollo local. Representan el costado más parasitario del negocio minero y proliferan en un sistema donde el Estado ha abandonado su rol de contralor. Son también una muestra del oportunismo permitido por un gobierno más preocupado por sostener sus redes de influencia que por trazar una política minera coherente.
Gustavo Sáenz y negocio minero
El caso de la Cámara de Proveedores Mineros, donde se denunció un proceso electoral fraudulento y sin transparencia, es otro ejemplo del deterioro institucional. Las comunidades originarias de La Puna la participación comunitaria señalaron el control ciudadano y la inclusión de actores legítimos han sido reemplazados. Por maniobras burocráticas y alianzas con sectores intervenidos. Tales como la actual conducción de la UOCRA. En lugar de promover el diálogo con los verdaderos protagonistas de la Puna, el gobierno ha favorecido intermediarios impuestos. Generando desconfianza y tensión en una región históricamente postergada.
La situación se vuelve aún más alarmante si se considera el contexto regional. Jujuy ha logrado avanzar en la industrialización del litio. Y en la captación de regalías significativamente mayores —hasta 8,5% frente al exiguo 3% que cobra Salta—. La gestión de Gustavo Sáenz ha fracasado en todos los frentes: no ha negociado mejor, no ha fiscalizado correctamente y no ha diseñado una estrategia de desarrollo sustentable. La falta de institucionalidad y la ausencia de un pacto político para planificar el uso del litio condenan a Salta a repetir el viejo esquema extractivista, donde la riqueza se va y la pobreza se queda.
No hay modelo claro
Más allá del litio, lo que está en juego es la posibilidad de construir un modelo de desarrollo genuino, con identidad local y equidad. Pero eso requiere algo que el actual gobierno no ha demostrado: voluntad política, visión estratégica y respeto por los actores del territorio. Mientras persista este desgobierno, la minería seguirá siendo una promesa vacía, una postal de oportunidades perdidas.
La riqueza está bajo el suelo, pero no brotará sola. Para que el litio se transforme en progreso real, primero Salta debe recuperar la seriedad institucional y el compromiso con su gente. De lo contrario, el “oro blanco” seguirá enriqueciendo a unos pocos mientras las comunidades de la Puna siguen esperando justicia, respeto y desarrollo.
