SALTA (Pablo Kosiner).- El 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una jornada que debería ser de celebración en cualquier democracia. Sin embargo, en la Argentina de hoy, esta fecha nos obliga a una profunda reflexión y a una urgente advertencia: la libertad de expresión está siendo erosionada desde el propio poder ejecutivo.
El presidente Javier Milei ha adoptado una postura hostil hacia los medios de comunicación y los periodistas. Sus ataques verbales y descalificaciones públicas no solo buscan desacreditar a la prensa crítica, sino que también fomentan un clima de intimidación y autocensura. Organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras han alertado sobre este deterioro, señalando que Argentina ha descendido 21 puestos en su ranking de libertad de prensa debido a la estigmatización de periodistas y el desmantelamiento de medios públicos.
Un ejemplo preocupante es la reciente intimidación a un fotógrafo por parte de Santiago Caputo, asesor clave del presidente, durante un acto público. Este hecho fue repudiado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Amnistía Internacional, que advirtieron sobre el grave riesgo que implica para el libre ejercicio del periodismo.
Pero no se trata de hechos aislados. El clima es sistemático. Daniel Parisini, más conocido como “El Gordo Dan” y operador mediático cercano al oficialismo, pidió en sus redes sociales al presidente que detuviera a periodistas “por decreto”, apelando al absurdo y autoritario argumento de que “Alfonsín también lo hizo”. La respuesta del gobierno no fue el rechazo a esta barbaridad, sino el silencio. Y el silencio también es complicidad.
A esto se suman denuncias de presiones a empresas periodísticas para despedir a periodistas críticos como Luis Novaresio y Baby Etchecopar, quien públicamente afirmó: “No puedo creer que esto esté pasando”. La gravedad institucional de un presidente que se comunica con medios para condicionar sus contenidos o influir en las grillas no puede subestimarse.
En paralelo, se avanza con el desmantelamiento de los medios públicos, el cierre de la agencia nacional Télam y la interrupción de señales como Encuentro y Paka Paka. El gobierno justifica estas decisiones bajo el argumento del “gasto público”, pero lo que se esconde es una voluntad deliberada de eliminar voces que escapan al discurso único.
Ante este panorama, vale recordar el fallo Fontevecchia y D’Amico c/ Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011), donde se reafirmó de forma contundente que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio y que la libertad de expresión constituye un pilar esencial de las sociedades democráticas. Ese fallo estableció que incluso expresiones críticas o incómodas sobre funcionarios deben estar protegidas, porque son indispensables para la fiscalización ciudadana del poder.
En esa misma línea ética, resuena con más fuerza que nunca una frase atribuida a Voltaire —en verdad escrita por su biógrafa Evelyn Beatrice Hall pero que sintetiza su pensamiento—: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo.” Este principio básico de tolerancia y pluralismo es el que está en juego hoy en la Argentina.
La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas; es un derecho de toda la ciudadanía. Sin medios libres no hay contralor, no hay disenso legítimo, no hay posibilidad de construir una democracia saludable. Cuando el poder agrede sistemáticamente a la prensa, no busca solamente silenciar voces: busca domesticar conciencias.
Como dirigentes, como ciudadanos, como periodistas y como parte de una sociedad que necesita creer en la democracia como contrato ético y no como formalidad electoral, no podemos callar. El ataque a la libertad de expresión es un ataque al corazón mismo de la República. Y frente a eso, el silencio no es una opción. Defender la libertad de prensa no es defender a los medios: es defender nuestra democracia.
