SALTA (Diego Nofal).- La gestión del gobernador Gustavo Sáenz atraviesa una preocupante y sostenida decadencia en materia de seguridad. Los hechos recientes no solo confirman la desconfianza de la ciudadanía hacia la Policía de Salta, sino que exponen una estructura de seguridad debilitada, desorganizada y, peor aún, peligrosa para quienes deberían sentirse protegidos por ella. Mientras el gobierno intenta mostrar medidas cosméticas, como nuevos controles de alcoholemia a los propios efectivos, la realidad en los barrios se agrava, más delitos, más violencia institucional y una ciudadanía cada vez más desamparada.
Uno de los anuncios más recientes del secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, resulta al menos desconcertante. Según declaró, los test de alcoholemia a los policías se realizarán en presencia de testigos civiles, al igual que los operativos de control. No solo es alarmante que el Estado necesite testigos civiles para controlar a sus propios agentes, sino que también es inadmisible trasladar a la ciudadanía una tarea que no le corresponde y que incluso ha sido cuestionada judicialmente. La participación forzada de civiles en operativos policiales ha sido objeto de múltiples fallos que advierten sobre la ilegalidad y los riesgos de esta práctica.
No se trata de una medida aislada. Lo cierto es que se inscribe en un contexto de creciente violencia y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Basta recordar el caso ocurrido en enero de este año en el Hospital de Salud Mental Miguel Ragone, donde un joven de 19 años, que atravesaba una crisis de ansiedad y pánico, fue ignorado por el personal médico y posteriormente abordado violentamente por efectivos policiales. El resultado fue trágico: el joven murió y, tras la autopsia y los estudios toxicológicos, se reveló que los tres policías que intervinieron habían consumido cocaína. El cuerpo del muchacho presentaba además marcas de golpes. Una escena que indigna, pero que lamentablemente no es excepcional.
Gustavo Sáenz y una policía ineficiente
La semana pasada, otro episodio volvió a encender la alarma pública. En el barrio San Ignacio, una vecina denunció que su hermano fue brutalmente agredido por un policía presuntamente ebrio, tras un incidente menor mientras estacionaba su motocicleta. El hecho, que se viralizó en redes sociales acompañado de un video, terminó también con la madre del joven víctima descompensada por la tensión del momento. La intervención de los vecinos fue clave para asistirla. Esta escena de abuso y descontrol no es más que el reflejo de un sistema policial sin dirección ni límites.
En lugar de asumir con seriedad el deterioro del sistema de seguridad, el gobierno de Sáenz se limita a anuncios superficiales, sin atacar las causas profundas de la crisis. Resulta evidente que el modelo de seguridad está colapsado. Y no es solo una percepción ciudadana: las estadísticas nacionales confirman esta realidad. Salta es hoy la sexta provincia más insegura del país. En plena lucha nacional contra el crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando, los salteños deben afrontar solos los arrebatos, robos y amenazas que forman parte del día a día. Y ante esta situación, ni el gobernador ni sus ministros han dado una respuesta contundente. El silencio oficial es tan grave como los hechos mismos.
Controles dudosos
Frente a este escenario, urge una transformación estructural. No alcanza con testigos civiles ni con sanciones individuales. Hace falta una revisión profunda de los protocolos policiales, una depuración de las fuerzas de seguridad, políticas públicas serias en salud mental y, sobre todo, voluntad política real. Los salteños no necesitan discursos, necesitan garantías. La seguridad no puede seguir siendo un privilegio de pocos ni una farsa mediática. Mientras el gobierno sigue sin reaccionar, la ciudadanía sigue contando víctimas y perdiendo derechos. Un sello de Gustavo Sáenz es mirar hacia otro lado y “guitarrear” que está todo bien.
