SALTA – (Diego Nofal).- Hoy por la mañana, un camión descargaba mercadería en la sede de una organización barrial. A simple vista, la escena no debería llamar la atención, se trata de una de tantas agrupaciones que se dedican al trabajo social y al asistencialismo en los barrios más humildes. Sin embargo, este acto cotidiano se convirtió rápidamente en una escena de película policial cuando efectivos de la división de Delitos Económicos irrumpieron en el lugar, en el marco de una investigación por presunto clientelismo político.
Entonces, usted se preguntará ¿Cuál fue a razón del operativo? ¿Por qué ahora y no alguna de las decenas de veces anteriores que ingresó mercadería a ese local? La organización en cuestión milita activamente por los candidatos del Partido Justicialista que fueron expulsados por su vinculación, o simpatía, con el actual gobernador Gustavo Sáenz. El argumento oficial fue que existía una sospecha fundada de que los alimentos iban a ser utilizados con fines proselitistas en las elecciones del próximo 11 de mayo. Sin embargo, la sospecha parece mucho más selectiva que fundada.
Porque si vamos a hablar de clientelismo, bien vale recordar que en 2019, en plena campaña electoral, el propio Gustavo Sáenz fue acusado de repartir bolsas de comida con su cara impresa. Las cajas salían nada menos que de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, es decir, del aparato estatal. En aquella oportunidad no hubo operativos ruidosos, ni policías requisando mercadería, ni mucho menos un juez abriendo una investigación. Todo se disolvió en el aire, como una denuncia más de la oposición.
Este doble estándar judicial, esta suerte de justicia selectiva, parece haberse convertido en la norma desde que Sáenz asumió el poder. Cuando el acusado es un opositor, la maquinaria judicial y policial se pone en marcha con una velocidad envidiable. Pero cuando el señalado es el gobernador o alguno de sus aliados, el aparato de control simplemente se apaga. No hay allanamientos, no hay embargos, no hay imputaciones. Solo silencio.
Lo que llama la atención no es solo la asimetría en la respuesta institucional, sino también el grado de naturalización que ha alcanzado este fenómeno. Muchos medios de comunicación alineados con el oficialismo reproducen sin cuestionar las versiones oficiales, mientras que otros, los independientes, ven cómo sus investigaciones son ignoradas por los fiscales y jueces que deberían actuar de oficio ante cualquier noticia criminis.
No se trata de defender a los acusados de hoy, ni de relativizar el clientelismo político. Si los alimentos eran efectivamente parte de una estrategia proselitista, que se investigue y se sancione. Pero que se investigue a todos, con la misma vara. Porque la democracia se erosiona no solo cuando hay corrupción, sino también cuando hay impunidad selectiva.
La verdadera sospecha que se instala hoy no es si una organización barrial intentó canjear comida por votos. La pregunta más profunda es por qué la justicia actúa solo cuando conviene al poder de turno. Y la respuesta, tan implícita como evidente, es que el poder ha dejado de tener miedo a ser controlado. Sáenz, judicialmente hablando, parece un hombre muy afortunado. Pero en una república, la suerte no debería ser un factor. La ley debería ser pareja, ciega y justa. Aunque, por ahora, esa justicia, que tiene problemas oculares, parece no querer mirar hacia Grand Bourg.
