SALTA (Diego Nofal).- La puesta en valor de la plaza Alvarado, un proyecto emblemático promovido por el intendente Emiliano Durand, amenaza con convertirse en un escándalo de proporciones. Con un presupuesto final cercano a los 400 millones de pesos, equivalente al valor de una mansión en el barrio privado más exclusivo de Salta, la obra no solo despierta sospechas por su costo desorbitado, sino por las irregularidades en su adjudicación y ejecución. Este caso, lejos de ser un hecho aislado, refleja un patrón de opacidad que parece caracterizar la gestión municipal.
El primer punto de controversia radica en el monto asignado: 400 millones de pesos para renovar una plaza pública. Para dimensionar la cifra, basta compararla con el valor de propiedades de lujo en la provincia. Mientras una familia promedio lucha por acceder a una vivienda digna, el gobierno local invierte lo mismo que cuesta una casa en un country exclusivo en un espacio que, según vecinos, mantiene bancos deteriorados y juegos infantiles sin renovar. La pregunta es inevitable: ¿dónde se destinó realmente el dinero?
El mecanismo elegido para asignar la obra agrava las dudas. En lugar de optar por una licitación pública, que garantiza transparencia y competencia, Emiliano Durand recurrió a una adjudicación simple. Este proceso, permitido en casos excepcionales, evita la participación abierta de oferentes y se realiza de manera directa, lo que reduce la fiscalización. Según expertos en contrataciones estatales, para proyectos de esta magnitud, la ley exige licitaciones que permitan a empresas de Salta y otras provincias competir. Sin embargo, todo se cerró en una semana: desde la publicación de la oferta hasta la apertura de sobres. La celeridad huele a favoritismo.
IMECA SRL: Conexiones Privilegiadas
La empresa beneficiada, IMECA SRL, recibió un contrato por 60 millones de pesos más que el presupuesto inicial. Pero lo más llamativo es el perfil de sus directivos, la socia gerente es vicepresidenta del Colegio de Abogados de Salta, institución con estrechos vínculos políticos. Esta conexión alimenta sospechas de tráfico de influencias, sobre todo porque IMECA es, casi siempre, un favorito en obras públicas de gran escala. ¿Por qué se eligió de nuevo a esta empresa para un proyecto millonario? La respuesta parece estar en las redes de poder, no en la idoneidad.
A pesar del costo elevado, la obra evidencia graves fallas. Vecinos denuncian que los bancos no fueron reemplazados, los juegos infantiles siguen obsoletos y, a un día de la inauguración, la pintura del mobiliario ya se descascara. Las fotos circulantes en redes sociales corroboran el deterioro prematuro. Además, se reveló que IMECA recibió un adelanto del 50% del monto total (200 millones de pesos) al firmar el contrato, hace siete meses. Este mecanismo, poco común en obras públicas, transfiere el riesgo financiero al Estado: la empresa no invirtió ni un peso inicial, limitándose a «supervisar» mientras el municipio asumía los costos.
Emiliano Durand: Un historial que habla
Este no es el primer escándalo que salpica al intendente Emiliano Durand. Hace meses, El Intra Salta destapó que contrató a su masajista personal en la Municipalidad, con un sueldo pagado por los contribuyentes. Además, investigaciones periodísticas revelaron que Durand figuró como empleado estatal durante 17 años, aunque testigos afirman que nunca lo vieron trabajar más de dos. Tras ese periodo, se autodenominó «empresario independiente», aunque su patrimonio creció de forma sospechosa durante su carrera política. Estos antecedentes pintan un perfil de funcionario que usa el Estado como botín.
La plaza Alvarado debería ser un símbolo de revitalización urbana, pero se ha convertido en un monumento a la suspicacia. La combinación de sobreprecios, adjudicaciones cuestionables y resultados deficientes exige una investigación urgente. La sociedad salteña tiene derecho a saber por qué se privilegió a una empresa vinculada a élites profesionales, por qué no se respetaron los procesos de licitación y cómo se justifica un gasto tan desproporcionado. Mientras Durand evade explicaciones, la imagen de su gestión se desmorona tan rápido como la pintura de los bancos de la plaza. La rendición de cuentas no es una opción, es una obligación democrática.
