SALTA (Diego Nofal).- La política salteña atraviesa un momento de efervescencia. En el centro de la tormenta se encuentra Gustavo Sáenz, gobernador cuya figura oscila entre la ambición de perpetuarse en el poder y la sombra de un liderazgo debilitado. La pregunta que hoy resuena en cada rincón de la provincia es clara: ¿busca Sáenz un nuevo mandato o utiliza la posibilidad de una reelección como herramienta para contener la desbandada de su propio espacio político?
Todo comenzó cuando la diputada provincial y jurista Pamela Calletti lanzó un globo de ensayo jurídico. Según su interpretación, la reforma constitucional de 2021, que prohíbe la reelección inmediata, no computaría el primer período de Sáenz (2019-2023), dado que la norma se sancionó durante su gestión. Bajo este razonamiento, el mandato actual (2023-2027) sería considerado su «primer» período constitucional, abriendo la puerta a una potencial candidatura en 2027. La maniobra, aunque ingeniosa, choca contra el espíritu de la Constitución, diseñada precisamente para evitar la concentración prolongada de poder.
Sin embargo, el contexto actual de Gustavo Sáenz dista de ser favorable. Hace semanas, su espacio político sufrió una derrota emblemática en la capital salteña, territorio que concentra el 40% del padrón electoral y funciona como termómetro de las preferencias provinciales. A esto se sumó un error de cálculo aún más revelador, el anuncio de excluir a los jubilados de la obra social provincial, medida que debió retractar en cuestión de horas ante el rechazo masivo. Ambos episodios revelan un desgaste que trasciende lo coyuntural y se instala en la percepción de un gobierno que pierde pisada.
Qué pasa con Gustavo Sáenz
Aquí emerge el síndrome del pato rengo o lame duck, fenómeno en el que un mandatario, próximo al fin de su gestión, ve erosionada su autoridad mientras los actores políticos comienzan a operar en función del escenario post-sucesión. Sáenz, consciente de este riesgo, podría estar utilizando la amenaza de una reelección no como un objetivo real, sino como un mecanismo de control. La sola insinuación de prolongar su permanencia obligaría a su coalición a mantener lealtades, frenando las aspiraciones de quienes ya probaron trajes de candidatos a gobernador.
No es un secreto que en Salta el oficialismo históricamente ha manejado con puño firme las disidencias internas. El mensaje implícito de Sáenz sería contundente, quienes hoy exploran alternativas podrían enfrentar represalias si él decide volver a competir. Esta estrategia, aunque efectiva a corto plazo, encierra riesgos. La ambigüedad sobre sus intenciones podría generar resentimientos soterrados, alimentando una fragmentación que, tarde o temprano, estallaría en su contra.
Pero hay otro ángulo que analizar. La insistencia en habilitar una reelección, aún inviable legalmente, también podría ser una cortina de humo para desviar atención de problemas urgentes y notorios, una economía provincial frágil, demandas sociales postergadas y una imagen pública en declive. Al centrar el debate en su futuro político, Sáenz evita que la oposición y la ciudadanía enfoquen en sus errores de gestión.
Elecciones en la mira
Los próximos meses serán cruciales. Si el gobernador insiste en forzar una reinterpretación constitucional, no solo enfrentará batallas legales; también profundizará la polarización en un escenario donde su capital político ya no es el mismo. Por otro lado, si el verdadero juego es disciplinar a su tropa, el costo podría ser la aceleración de su propio ocaso, al quedar expuesto como un líder que recurre al miedo ante la falta de consenso.
Salta vive bajo la sombra de una incógnita. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo cómo la clase política discute plazos y reformas, en lugar de abordar los problemas reales. Gustavo Sáenz, más que un candidato en busca de futuro, parece un actor atrapado en la disyuntiva de cómo gestionar su presente sin perder lo que queda de su poder. En este juego, la provincia y su democracia podrían terminar pagando el precio más alto.
