SALTA – Desde hace meses que El Intra Salta insiste, una y otra vez, nota tras nota, en que la Justicia de Salta debe intervenir ante las graves denuncias de sobrefacturación en el IPS y en otras investigaciones que se hizo desde este medio. Sobre la obra social, el encargado de destapar un desfalco millonario fue el propio gobernador Gustavo Sáenz. La pregunta que queda por hacer es ¿Habrá consecuencias judiciales para el mandatario provincial?
¿Cuánto tiempo hace que el gobernador provincial sabe de la existencia de esta sobrefacturación? Después de varias semanas, idas y vueltas, silencios sospechosos y declaraciones altisonantes, la Justicia se sacó el polvo de encima y se pondrá en marcha.
Lo que está en juego ahora no es sólo saber quienes están detrás de las irregularidades, sino que se conozca públicamente qué clínicas participaron de las maniobras fraudulentas contra el IPS. Las que destruyeron su credibilidad y especialmente, si hay algún funcionario de Gustavo Sáenz involucrado en este hecho.
¿Cuáles son las clínicas y los médicos que sobrefacturaron para el IPS? Hay que recordar que todos ellos suelen tener contactos políticos de alto nivel. Y es justamente eso lo que la sociedad salteña quiere saber. Y lo que el gobernador provincial se empeña en esconder.
Médicos y clínicas tapadas por Gustavo Sáenz
Si no se revelan los nombres, si todo queda en el aire como otras tantas veces en Salta, sería perjudicial para la ya gastada imagen de Gustavo Sáenz. El mismo que, sin contar con resoluciones judiciales firmes ni auditorías concluyentes, apuntó con el dedo y habló de sobrefacturación como si de un plan de gobierno se tratara.
¿Qué pasa si los datos que usó el gobierno para denunciar sobrefacturación eran truchos? O, peor ¿Parte de una maniobra interna para desviar la atención de otros problemas más profundos en el sistema de salud?
Actuar de oficio, una práctica que no se usa nunca
Si hay que hablar del rol de la Justicia de Salta, se debe recordar las innumerables investigaciones que se llevaron adelante desde El Intra Salta, como dobles sueldos , en el caso del nombramiento de la esposa de Nicolás Demitrópulos, María Cristina Macchi Solá.
Y el más resonante: el despido por robo de la exsecretaria de Justicia Verónica Saicha. En ninguno de esos casos la fiscalía actuó de oficio. Ni una sola citación, ni un solo allanamiento, ni una sola medida real para investigar a fondo. ¿Por qué? Porque los implicados son funcionarios de primera línea del gobierno de Gustav Sáenz.
La conclusión es clara pero lamentable: la vara judicial cambia según a quién incomode. Con el escándalo del IPS, la presión pública es más fuerte. Generó un impensado repudio, incluso desde adentro del Gobierno. La última palabra la tiene la justicia saencista. Y su silencio en otras causas de vital importancia ya es una forma de complicidad.
