SALTA – (Diego Nofal).- El martes pasado resonó un estruendo en la política argentina. La confirmación de la condena a prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y aún máxima figura del Partido Justicialista a nivel nacional, sacudió el tablero. Es un hecho de una magnitud institucional y política difícil de ignorar. Sin embargo, en Salta, una provincia gobernada por un peronista, Gustavo Sáenz, el estruendo encontró un muro de silencio. Un silencio oficial que parece un grito contenido por “órdenes de arriba”.
Ni el gobernador Sáenz. Ninguno de los diputados nacionales que teóricamente le responden. Ningún ministro de su gabinete provincial. Nadie en la cúpula del poder salteño consideró pertinente emitir siquiera una línea de opinión sobre un fallo judicial que afecta directamente a la líder de su propio partido a nivel nacional. Esta ausencia total de pronunciamiento no es casual. Es una elocuente declaración política en sí misma, cargada de cálculo.
Resulta profundamente extraño, casi inverosímil. Un hecho de esta trascendencia, que involucra a la principal referente del espacio político al que pertenece el gobernador, no merece ni un comentario público. Este mutis deliberado solo puede interpretarse como una estrategia calculada. Sáenz y su círculo íntimo parecen no querer ofender a nadie dentro del amplio y fracturado arco del justicialismo. Evitan molestar a los núcleos duros que aún mantienen fidelidad absoluta a Cristina Kirchner. Pero también esquivarían un respaldo explícito que podría incomodar a otros sectores del PJ menos afines al kirchnerismo.
Este silencio estratégico no significa inacción. Mientras callaba sobre la condena, el gobernador Sáenz se reunía con otro justicialista díscolo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Este encuentro no es un dato menor. Ambos mandatarios representan un ala del peronismo que busca distanciarse del núcleo duro K, intentando construir alternativas de poder más locales y pragmáticas. La imagen de ambos juntos habla más fuerte que cualquier comunicado ausente.
El telón de fondo provincial agrega otra capa de significado. El Partido Justicialista de Salta se encuentra intervenido, por decisión de Cristina Kirchner. Este vacío de conducción local ofrece a Sáenz un espacio único de maniobra. Su silencio nacional y sus movimientos con figuras como Llaryora sugieren que camina, sin levantar polvo, rumbo a la reorganización del PJ en su territorio. Busca consolidar su propio liderazgo, reconfigurando el partido a su imagen, libre de las ataduras que supone una conducción nacional fuerte y polarizante como la de CFK.
Sin Cristina Kirchner, ¿Qué pasará con el PJ?
A nivel nacional, el panorama es igualmente fluido. El PJ carece de una conducción unificada y efectiva. Juan Manzur, quien teóricamente debería estar al frente, no logra imponer una voz clara. Este vacío es un imán para las ambiciones. El silencio de Sáenz y sus gestos hacia otros gobernadores disidentes insinúan que no descarta jugar un rol más protagónico en esa reconfiguración nacional, o al menos asegurar que la futura conducción no sea hostil a su proyecto en Salta.
El silencio oficial salteño tras la condena de Cristina Kirchner no es neutral ni inocuo. Es un hilo más en un tejido político complejo. Revela una apuesta por la ambigüedad controlada, una búsqueda de no quemar puentes con ningún sector mientras se construyen alianzas alternativas.
Es la estrategia de un gobernador que, mientras mira el terremoto nacional, avanza sigilosamente en la reordenación de su patio trasero provincial y posiciona sus fichas en el incierto tablero del peronismo nacional. Callar, en este caso, es una forma muy activa de hacer política. El ruido de sus omisiones dice mucho sobre los planes que se tejen en la quietud salteña.
